El personal sanitario será autoridad pública

El conseller Llombart ha destacado que la nueva Ley de Salud Pública va a ser un instrumento global e integral que permitirá a los ciudadanos y profesionales sanitarios disponer de una única normativa reguladora, ya que refunde seis leyes, un decreto legislativo y cuatro decretos, que serán derogados

Lo ha anunciado el conseller de Sanidad durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha sido presentado por el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y secretario nacional de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz.

Manuel Llombart ha señalado que los profesionales sanitarios del Sistema Valenciano de Salud en el ejercicio de las funciones propias de si categoría, gozaran de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente-. La nueva ley que probablemente se aprobará antes de que acabe el año, adecua el aseguramiento de los profesionales a las novedades importantes que ha incorporado la legislación estatal y en materia de drogodependencia y otros trastornos adictivos se contempla de forma expresa la adicción a las nuevas tecnologías como el teléfono móvil , Internet, videojuegos y contenidos virtuales.

Llombart ha destacado que la nueva Ley de Salud Pública de la Comunitat Valenciana va a ser un instrumento global e integral que permitirá a los ciudadanos y profesionales sanitarios disponer de una única normativa reguladora, ya que refunde seis leyes, un decreto legislativo y cuatro decretos, que serán derogados.

Se tratará en el Consejo inter territorial de Sanidad

La ministra Ana Mato tiene intención de llevar el asunto a la reunión del Consejo Inter territorial , va a presentar a las autonomías un documento para promover una ley que establezca que los empleados públicos que trabajan en centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud sean considerados autoridad.

La consideración de las agresiones a medicos , enfermeros y otro personal de hospitales y centros de salud como atentado a una autoridad pública ha sido una de las demandas más repetidas por los colectivos sanitarios en los últimos años. Muchas fiscalías provinciales han ido firmando protocolos o acuerdos con los sistemas sanitarios regionales para considerarlas como delito de atentado contra la autoridad. Aragón y Castilla y León, han aprobado leyes que así lo prevén.