Total desacuerdo del Gobierno Vasco con el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial

En sus consideraciones critica el papel que se asigna a los Tribunales Superiores de Justicia que quedan como meros órganos de apelación, asegura que sería preciso redefinir las funciones de la Audiencia Nacional y mantiene que debe recuperarse la noción de Justicia Universal, independientemente del lugar de comisión, la nacionalidad de sus autores o de sus víctimas.

Con la firma del consejero de Justicia, Josu Erkoreka, y dirigido al Secretario de Estado de Justicia, el Gobierno Vasco ha registrado esta semana su escrito de alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. Un escrito de 24 páginas al que la SER ha tenido acceso y que recoge las consideraciones del ejecutivo a la reforma prevista. En el documento se manifiesta el desacuerdo sobre el papel que se asigna a los Tribunales Superiores de Justicia, devaluando su actividad y considerándolos como "meros órganos de apelación". Argumenta su desacuerdo porque cree que lo aconseja la racionalidad organizativa, económica y judicial.

Respecto a la Audiencia Nacional, el Gobierno Vasco asegura que sería preciso redefinir sus funciones "por cuanto supone de contradicción el principio de agotamiento de instancias en cualesquiera órdenes de la jurisdicción en el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma". Mantiene que "con carácter general, el Tribunal Supremo deber ser el único órgano judicial con competencia en todo el territorio del Estado". Propone el Departamento de Justicia la creación de Consejos Autonómicos del Poder Judicial, uno por Comunidad Autónoma "cuyos miembros tendrían relación con los órganos jurisdiccionales que actúan en el ámbito del correspondiente Tribunal Superior de Justicia y entre los que se integrarían vocales elegidos por los Parlamentos Autonómicos" dando lugar a órganos de naturaleza mixta. El Gobierno Vasco considera, además, que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia deben poder crear cuerpos propios de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y, al mismo tiempo, deben poder proponer al Fiscal Superior de ese territorio y de los provinciales.

Respecto a la foralidad, se pide que las normas aprobadas por las Juntas Generales, en concreto las tres vascas, tengan la misma protección jurídica que las leyes aprobadas aprobadas por los Parlamentos. Esto se materializa en la petición de que únicamente sea el Constitucional el tribunal competente ante los recursos interpuestos contra dichas normas, porque lo contrario (un contencioso habitual, como sucede actualmente) supone un agravante respecto a lo que ocurre con las Administraciones Autonómicas, estatales, e incluso con la cuarta foralidad, la de Navarra, cuya legimitidad depende del mismo punto de la Constitución que la vasca, pero que se aprovecha de que su territorio está organizado en una única provincia. Del mismo modo, se pide poder acudir al Constitucional ante eventuales invasiones competenciales: lo que supone que una Diputación pueda acudir al Constitucional o viceversa por invasión de competencias, por ejemplo.

Respecto a la Justicia Universal, considera el Gobierno Vasco que debería recuperarse el planteamiento recientemente suprimido "so pena de quebrantar tanto los derechos humanos desde la perspectiva de su protección jurisdiccional como la justicia desde la perspectiva de su protección universal". Como ya ha planteado recientemente el jeltzale Emilio Olabarria: "Debe recuperarse la propia noción de Justicia Universal independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas". Considera que la reforma "supone de facto el incumplimiento de obligaciones internacionales que tiene contraídas el Estado español y que ya forma parte del ordenamiento jurídico interno del Estado".

Un apunte más, sobre el Tribunal Constitucional se reclama la existencia de Magistrados de extracción autonómica "dada su función de árbitro en los conflictos de competencias Estado-CC.AA.". A juicio del Departamento de Justicia, "la tardanda en dictar sentencia se convierte de facto en una alternativa política en manos de los poderes centrales del Estado frente a las Comunidades Autónomas".