Martín Soler no declara y nadie pide medidas para él

El exconsejero de Innovación, Martín Soler, se ha acogido a su derecho a no declarar. Nadie ha solicitado medidas para él, ni fianza civil ni retirada del pasaporte ni comparecencia periódica en sede judicial. Así que su alegría ha sido evidente al salir del despacho de la jueza, Mercedes Alaya. La magistrada le ha imputado los supuestos delitos de prevaricación y malversación.

Según la magistrada, Martín Soler tuvo conocimiento del informe de la Intervención de la Junta referido al año 2008 donde se advertía que el procedimiento para pagar las ayudas sociolaborales era inadecuado. Ayudas que pagaba la agencia pública Idea, dependiente de su consejería, de Innovación. Y a pesar de haber recibido este informe, según la investigación, permitió que se siguieran usando las transferencias de financiación para pagar lo que eran subvenciones. Martín Soler ha presentado un escrito en el juzgado donde asegura que jamás recibió ese informe de la Intervención. "Entre las funciones y múltiples quehaceres de un consejero no se encuentra la revisión de los informes de naturaleza jurídica, técnica, presupuestaria o contable", afirma. Imaginar o suponer lo contrario, dice, es desconocer el funcionamiento "de la maquinaria administrativa".

Martín Soler es el octavo exconsejero de la Junta imputado por los ERE, entre ellos Magdalena Álvarez, que fue titular de Hacienda, junto a los expresidentes andaluces preimputados José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Este martes también han comparecido Antonio Valverde, exdirector de la agencia andaluza IDEA, para quien la Fiscalía ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 3.600.000 euros, y Antonio Lara Revilla, ex director gerente del IFA, para quien el fiscal ha solicitado una fianza civil de 4.420.000 euros.

Las comparecencias de hoy se han completado con Gonzalo Suárez, exviceconsejero de Economía, para quien la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares, y José Ángel Martín Moreno, administrador de Gestión de Infraestructuras Financieras de Europa (Gestifesa), para quien Anticorrupción ha pedido una fianza de 117.000 euros.

Según la jueza, Gestifesa elaboró planes de viabilidad para la empresa Refractarios y Derivados por valor de 34.858 euros y para Refractarios de Guadalcanal que no tienen fecha, y además facturó otros 34.510 euros por un estudio de viabilidad para Azahara Textil que la Junta pagó en agosto de 2002 "aunque dicho estudio no ha sido localizado por la Administración".