Posible fraude de ley en la inclusión en el ERE de extinción de RTVV de asesores de López Jaraba
Inspección de Trabajo avala, sin embargo, la legalidad del ERE de extinción del ente para el resto de trabajadores
Valencia
El sindicato CGT denunció el ERE de extinción en la Audiencia Nacional y pidió su nulidad por entender que existía fraude, entre otros delitos, en la tramitación del expediente
En un comunicado, Intersindical se ha hecho eco de un informe emitido por la Inspección de Trabajo que ratifica que el procedimiento siguió las directrices previstas en el Estatuto de los Trabajadores, que regula los despidos colectivos, y el reglamento de Expedientes de Regulación de Empleo vigente.
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La CGT había solicitado la nulidad del ERE por una supuesta inconstitucionalidad de la Ley de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat y de Disolución y Liquidación de RTVV SAU.
Asimismo, alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye la garantía de indemnidad. La Inspección de Trabajo ha señalado que las peticiones no son de su competencia.
FRAUDE DE LEY POR LA INCLUSIÓN DE LOS ASESORES
Por contra, el organismo ha avalado la denuncia presentada por los sindicatos contra la actuación del exdirector general de RTVV, José López Jaraba, respecto a los denominados "trabajadores del 3 por ciento" y ha considerado que podría ser punible.
En este sentido, los sindicatos denunciaban la inclusión en la lista de afectados por el ERE a 16 asesores de confianza y vinculados a las anteriores direcciones del ente que no fueron despedidos simultáneamente con el cese de Jaraba, tal y como estaba estipulado en su contrato.
El comité de empresa de RTVV manifestó su disconformidad con su inclusión en la lista y pidió a la empresa que su indemnización no afectara a la cuantía indemnizatoria destinada al conjunto de los trabajadores. La Inspección considera que, al no aplicárseles el despido previsto, los contratos de los asesores entraron en fraude de ley y por tanto se convirtieron en indefinidos, por lo que les corresponde la indemnización ahora pactada.
