La jueza deja libres con cargos al director general de Vaersa y su antecesor acusados de malversación
El sindicato CGT ha presentado tres denuncias en Fiscalía Anticorrupción por la compra de 65 vehículos todoterreno por 1,4 millones, por el pago de productividad a directivos de Vaersa y oor el abono de 1.800.000 euros a un abogado supuestamente contratado 'a dedo'
VALENCIA
La titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dejado en libertad con cargos al exdirector y actual responsable de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA (Vaersa), Felipe Espinosa y Enrique Simó, respectivamente, detenidos este miércoles por presunta malversación y prevaricación.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza ha tomado este jueves declaración a ambos detenidos, en calidad de imputados.
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Tras escucharles, ha acordado para ambos libertad provisional, con comparecencia periódica ante el juzgado y retirada de pasaporte, en una causa abierta -y declarada secreta- por supuesto delito de malversación.
Los arrestos se registraron este mismo miércoles. No obstante, el actual director de Vaersa -empresa pública dependiente de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente-, fue puesto en libertad tras declarar ante la Policía con citación para comparecer este jueves ante el juzgado.
La gestión de Vaersa ha sido cuestionada por Confederación General del Trabajo (CGT), que ha presentado hasta tres denuncias en Fiscalía Anticorrupción, la última de ellas ponía en entredicho la compra de 65 vehículos todoterreno por 1,4 millones en el año 2010.
Las otras dos denuncias interpuestas por este sindicato hacen referencia al pago de productividad a directivos de Vaersa y al abono de 1.800.000 euros a un abogado supuestamente contratado 'a dedo'. Como consecuencia de estas denuncias, Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación.
Así mismo, en relación con esta empresa pública hay una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que considera que la labor de los técnicos de Vaersa en la realización de estudios de impacto ambiental excedía del contenido técnico funcional que tenía encomendado. Para el tribunal, esta tarea "supone, de facto, el ejercicio de las potestades administrativas en materia de control y decisión sobre la adecuación medioambiental de los proyectos que le son sometidos a informe".
En las reacciones, el diputado socialista Francesc Signes exige la comparecencia en pleno de la consellera Isabel Bonig y también la creación de una comisión de investigación. Signes no cree que Bonig desconociera lo que estaba ocurriendo en Vaersa. También el diputado de Esquerra Unida, Lluis Torró, exige a la Generalitat que abra una investigación, porque no puede eludir la responsabilidad sobre la gestión presuntamente fraudulenta en una empresa pública.
