La capital grancanaria intenta agarrarse al Constitucional para salvar la Biblioteca
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian un recurso de amparo y "otras vías", mientras la oposición exige responsabilidades políticas
Las Palmas de Gran Canaria
El Tribunal Constitucional, y quizá alguna otra vía alternativa, parece la última opción a la que puede agarrarse el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para salvar la Biblioteca del Estado, construída en primera línea de la avenida marítima, en la misma bocana del histórico barrio de Triana. Lo dijo este jueves el concejal de Urbanismo, Martín Muñoz, quien avanzó que los servicios jurídicos municipales estudian cómo salir del atolladero en que ha colocado a la ciudad el Tribunal Supremo al ordenar la demolición del edificio porque la licencia de construcción era totalmente ilegal
Martín Muñoz tiene esperanzas en salvar la biblioteca, aunque para ello admita que apenas le queda la alternativa del Constitucional un "otras vías" que de momento no desvela. Mientras, desde la oposición municipal la opinión de sus concejales es unánime: exigen responsabilidades políticas, empezando por José Manuel Soria, porque el hoy ministro de Industria, Energía y Turismo era alcalde de la ciudad cuando se otorgó la licencia ilegal al Ministerio de Cultura para que construyese. Así lo han manifestado Isabel Mena, portavoz socialista, grupo mayoritario en la bancada opositora, y también Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, y Nardi Barrios, de Compromiso.
Otra opinión que ha trascendido sobre este asunto la formula el catedrático de Derecho Urbanístico Carmelo Padrón, una persona que conoce muy bien los entresijos urbanísticos de Las Palmas de Gran Canaria, toda vez que fue durante unos meses director de gobierno de ese área con el alcalde Jerónimo Saavedra. Padrón sostiene que el derecho es opinable, como lo demuestra la circunstancia de que dos de los cinco magistrados del Supremo emitiesen un voto particular proclive a salvar la Biblioteca. Por lo tanto, el urbanista defiende la excecpcionalidad de este caso con tal de salvar el edificio de la piqueta.
La licencia de construcción de la biblioteca se otorgó en 1997 en contra de la opinión de los técnicos municipales, que planteaban la necesidad de elaborar un plan especial para ordenar el área en que debía ejecutarse el edificio. Ese detalle es el origen del pleito, interpuesto por la comunidad de vecinos del edificio San Telmo, que se vieron perjudicados al perder las vistas al mar desde sus viviendas.
