La oposición achaca responsabilidades políticas a cargos del PNV en Epsilon

Todos los grupos parlamentarios de la oposición achacan responsabilidades políticas en el caso Epsilón a cargos públicos del PNV como Ana Agirre, entonces consejera de Industria con Ibarretxe y ahora viceconsejera de Justicia con Urkullu.

Otro de los nombres señalados, Arantza Tapia, actual consejera de Competitividad, ha asegurado hoy que no participó en la reunión clave de 2007 del Consejo vasco de Promoción Económica por la que se señalan responsabilidades políticas en el caso Epsilon y que delegó su voto en la presidenta de ese foro que era la propia Ana Aguirre.

No obstante, Tapia ha dicho que "se hizo lo que se tenía que hacer" en relación a las ayudas públicas concedidas a Epsilon, ha negado irregularidades y ha calificado el informe que suscribe toda la oposición de "sesgado y parcial".

En relación a Hiriko, el otro proyecto para desarrollar un coche eléctrico, también basado principalmente en ayudas públicas y que ha sido investigado por una comisión en el Parlamento Vasco, las responsabilidades políticas no están claras para algunos grupos, aunque EH Bildu apunta concretamente a Arantza Tapia por no velar por las patentes del prototipo de este vehículo.

El presidente de la comisión de investigación parlamentaria de Epsilon e Hiriko, Carmelo Barrio (PP), elaboró la pasada semana un borrador de dictamen sobre ambos proyectos automovilísticos que fracasaron después de recibir ayudas públicas de diversas administraciones.

Hoy, los grupos han presentado sus alegaciones a ese borrador, que se debatirán el jueves. El PSE-EE comparte básicamente las conclusiones, incluidas las responsabilidades políticas que se apuntan, mientras que EH Bildu también coincide con el borrador de dictamen, aunque en sus enmiendas quiere más concreción y que se plasmen con nombres y apellidos los responsables de estas "tramas de corrupción y clientelismo político".

El PNV es el único grupo que rechaza, por "sesgado, tendencioso y parcial", dicho informe y no ve responsabilidades políticas aunque sí aspectos a mejorar en el seguimiento de las ayudas públicas que se conceden.

En ese informe preliminar, se apuntan "irregularidades" en el proceso de desarrollo del proyecto de Epsilon para competir en Fórmula 1 por entender que la falta de financiación privada y su apoyo básicamente en ayudas públicas fue una de las causas de su fracaso.

Barrio señala en el borrador que el Consejo Vasco de Promoción Económica -organismo que agrupa al Gobierno Vasco y a las diputaciones forales- declaró en 2007 a Epsilon como proyecto estratégico "sin sólidos fundamentos industriales, comerciales y de generación de empleo sabiendo además que existía un riego alto de que no lograra sus objetivos".

Así, aprecia "responsabilidades políticas" en las personas que forman parte de ese Consejo, aunque no se mencionan expresamente.

Entre los miembros de ese órgano en esa fecha figuraban cargos del PNV como la entonces consejera de Industria, Ana Agirre (ahora viceconsejera de Justicia), la diputada de Movilidad de Gipuzkoa, Arantza Tapia, actual consejera del Gobierno de Iñigo Urkullu, o la que fue diputada de Innovación de Álava Arantza Zenarruzabeitia.

En ese consejo también participaron los entonces diputados forales de Bizkaia José María Iruarrizaga e Izaskun Artetxe; José Ramón Guridi (Gipuzkoa); Hernando Lacalle (Álava) y los vice consejeros del Gobierno de Juan José Ibarretxe, Iñaki Tellechea, Rodrigo García, Koro Garmendia, José Ignacio Zudaire, Juan Miguel Bilbao y Manuel Arquito.

También Barrio considera que hay responsabilidades políticas en las personas que formaban parte del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Álava que en marzo de 2009 expresaron su conformidad con las operaciones "de cesión de rango hipotecario".

Sobre Hiriko, el borrador señala que el Gobierno Vasco "careció de una falta de visión estratégica al no haber apreciado los riesgos de homologación" de este proyecto, reclama a Afypaida, la empresa promotora, que devuelva al Ejecutivo autonómico las ayudas concedidas, aunque no señala responsabilidades políticas porque antes es necesario que se fiscalicen las subvenciones.

El PNV, que ha registrado más de 50 enmiendas, considera este borrador "deslegitimado" porque Barrio no menciona en el texto informes que han sido analizados por la comisión como por ejemplo el del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y tampoco ve responsabilidades políticas en Epsilon porque el respaldo institucional se produjo en base a informes técnicos y jurídicos.

El PNV asegura que sus alegaciones desmontan "todas las falsas denuncias" de EH Bildu, que han sido respaldadas por el PP "primando los intereses de su partido".

EH Bildu, según el parlamentario Igor López de Munain, denuncia las relaciones "privilegiadas" en Epsilon entre responsables políticos y empresarios "cercanos al PNV" e incluso relaciona que en muchos de los casos esos responsables son los mismos que se encuentran imputados en el "caso de Miguel", una presunta trama de cohecho y blanqueo de capitales en la que están acusados ex cargos públicos nacionalistas.

La coalición señala concretamente a Ana Aguirre como la máxima responsable política de las decisiones adoptadas que pusieron en peligro el patrimonio público y también apunta a Mauricio Lazcano, exdirector de la SPRI, y al director de la Unidad de Estrategia Tecnológica de la SPRI, Alberto Fernández.

En Hiriko EH Bildu ve responsabilidades políticas también en Alberto Fernández como responsable de evaluar el proyecto de Hiriko, y en Arantza Tapia, por no velar por las patentes de Azypaida, dos de las cuales podrían quedar libres al no haberse abonado las cuotas de mantenimiento y que podrían pasar gratis a manos de otras empresas pese a que han sido desarrolladas con dinero público.

El PSE-EE, por su parte, apoya "en su integridad" el borrador del parlamentario popular Carmelo Barrio, aunque presentará alguna enmienda, y tampoco ve inconveniente en que se mencionen en el texto expresamente los nombres que componían ese Consejo vasco de Promoción Económica a cuyos miembros se les achaca responsabilidades políticas.

UPyD también califica como "un buen trabajo" el informe preliminar pero en sus alegaciones quiere que se incluyan, además de las responsabilidades políticas mencionadas en el informe, las del Gobierno central presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que también concedió ayudas, y las de la Diputación de Álava, que en aquel momento presidía Xabier Agirre (PNV).