Los constructores reclaman a Generalitat y ayuntamientos 152 millones de deuda
Los contratistas de Obra Pública denuncian que, de esa deuda, sólo van a cobrar 80 millones, porque la Generalitat no contabiliza todas las facturas
Valencia
A la deuda, se suman las escasas inversiones de las administraciones en Obra Pública, que en el primer cuatrimestre del año, sólo ha supuesto el 3'3 por ciento del total de las licitaciones en España
Los constructores de Obra Pública de la Comunitat Valenciana, reclaman a la Generalitat y a los ayuntamientos una deuda de 152 millones de euros.
Según la Federación de Contratistas de Obra Pública y la Cámara de Contratistas, la Generalitat no ha contabilizado el total de esa deuda, por lo tanto, sólo esperan poder cobrar del próximo FLA, 80 millones de esos 152.
Los dirigentes de estas dos organizaciones afirman que, aunque ahora el Ministerio de Hacienda obliga a presentar las facturas de forma electrónica, hay consellerias que siguen pidiendo papel y no informan a Hacienda de las certificaciones. Y lo que no está certificado, no se paga.
Las consellerias que acumulan más deuda son la de Infraestructuras con 65,4 millones, Sanidad con 16,7, Educación debe 12 millones, Economía algo más de ocho, CACSA, 7'5 y, entre los ayuntamientos, destaca el de Castellón que debe a las empresas de construcción, 2'5 millones de euros.
Pero los impagos de la deuda vienen a unirse al problema de origen, que es la falta de inversión. Entre enero y mayo, el peso de la Comunitat en la licitación nacional ha sido sólo del 3'3 por ciento del total. Y el importe de lo licitado en relación al número de habitantes y en relación al PIB de cada comunidad, nos sitúa por debajo de la media.
Estas organizaciones han cifrado en 6.300 millones de euros el déficit de inversiones en la Comunitat desde el año 2000, y en consecuencia reclaman una inversión de 9.800 millones de euros durante los próximos 10 años.
Por todo ello, el presidente de la Federación de Contratistas, José Luis Santa Isabel, pide que, a partir de 2015, el estado invierta en la Comunitat, al menos tanto como la media, y que se produzca un reparto justo.
