Los agentes sociales recurrirán el concurso de licitación de escuelas infantiles públicas

La Consejera de Educación, Lucía Figar, afirma que es el concurso administrativo en el que más pesa el proyecto de servicio público garantizando una educación de calidad

La Mesa de Agentes Sociales por la Educación Infantil ha anunciado que presentará cuantas acciones legales estén a su alcance para evitar el desmantelamiento de la red pública de escuelas infantiles. Primero presentarán alegaciones a los nuevos concursos de licitación para la gestión de los centros que en su opinión han reducido en un 13% las condiciones económicas en favor de las empresas privadas que han entrado en el sector con la única vocación de hacer negocio y que ponen muy difícil el acceso a las cooperativas sin ánimo de lucro que venían haciendo este servicio desde hace muchos años. El colectivo no descarta recurrir a la Defensora del Pueblo y a organismos internacionales para defender el derecho a la educación de los menores de 3 años. Según la representante de CCOO, Isabel Galvín, el gobierno de la Comunidad de Madrid está sometiendo a un maltrato educativo a la infancia en función de su procedencia y de su condición social y hay un maltrato a las familias.

Cerca de 30.000 menores de 3 años han dejado de acudir a las escuelas infantiles públicas ante la imposibilidad de las familias de pagar las elevadas tasas que ha impuesto el gobierno del PP. Es la estimación que ha hecho hoy la Mesa de Agentes Sociales por la educación infantil que denuncia esta situación que perjudica a las familias con menos rentas o más azotadas por el paro excluyendo a los niños más necesitados. Este colectivo critica que la consejería de Lucía Figar siga con su política de cheques guardería y desgravaciones para beneficiar a empresas privadas a las que ahora pondrá una licitación económica más baja en detrimento de la calidad educativa destinando 34 millones de euros que van a la gestión privada. Según los agentes sociales, sólo quedan menos de 100 escuelas de gestión directa y en la gestión indirecta el 70% están ya en manos de empresas privadas que entran en el sector educativo como en un negocio cualquiera.

Ante estas críticas la Consejera de Educación, Lucía Figar, ha manifestado que cualquiera que se lea el pliego de condiciones del concurso de licitación va a ver que el proyecto educativo cuenta un 55% y el proyecto económico un 45%. Esto, ha dicho la consejera, rara vez se ve en las administraciones públicas. 'No hay ni un solo contrato público en el que el proyecto económico pese menos y el proyecto de servicio público, que en este caso es educativo, pese más, y yo lo que garantizo a las familias es que van a tener una educación de calidad como la que se garantiza en toda nuestra red de escuelas infantiles de 0 a 3 años'.