El secretario autonómico de Hacienda Eusebio Monzó está imputado por las contrataciones del Centro de Convenciones de Castelló
También estaban citados en el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón el ex director técnico de la ociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana ), Javier de Diego, y el que fuera responsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava, Fernando Benzo. El Arquitecto valenciano Santiago Calatrava no está imputado en este asunto
VALENCIA
El proyecto se encargó a Santiago Calatrava en 2008 y la Generalitat le pagó 2,7 millones por la redacción del plan director, el anteproyecto y el proyecto básico, aunque el proyecto fue suspendido temporalmente a finales de 2012 por el Consell debido a la coyuntura económica
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También estaban citados en el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón el ex director técnico de la ociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana ), Javier de Diego, y el que fuera responsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava, Fernando Benzo. El arquitecto valenciano Santiago Calatrava no está imputado en este asunto. Ninguno ha acudido a declarar porque no les ha llegado la citación.
La causa abierta por el juzgado castellonense investiga las supuestas irregularidades que se pudieron cometer en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón. Antes de que el Consell descartara llevar a cabo el proyecto en el corto plazo, Esquerra Unida denunció en 2011 ante la Fiscalía de Castellón irregularidades en la adjudicación del citado proyecto. La coalición aseguraba que se podían haber cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración pública.
EU consideraba que la forma de contratación "no fue legalmente procedente" porque el proyecto se adjudicó a Calatrava a través de procedimiento negociado sin publicidad y denunciaba que los honorarios que se pagaron al arquitecto fueron "superiores a los inicialmente pactados", sin que existiese "razones de interés público".Asimismo, consideraban que hubo "un concierto entre todas las autoridades intervinientes para beneficiar a un particular" y pedían la nulidad de los contratos efectuados al entender que debió convocarse un concurso de ideas para elegir "el proyecto más idóneo".
EU reveló también que el arquitecto había recibido de la Generalitat 2,7 millones de euros por la redacción del proyecto, en anteproyecto y el proyecto básico, "a pesar de que este no cumplió con sus obligaciones".
Sin embargo, la Fiscalía, decretó el archivo de la causa en marzo de 2011 e instó a la formación a presentar la denuncia ante el juzgado si lo consideraba oportuno, tramite que la coalición no llevo a cabo.Según han informado fuentes de EU conocedoras del proceso, la causa actual ha sido abierta a raíz de una denuncia de un particular presentada en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, la cual derivó el caso a los juzgados de Castellón.




