Los jueces abren la posibilidad de rechazar el acuerdo de ejecución de la sentencia del caso Ebro
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León permite a la Asociación Cultural Ciudad Sostenible ejercer la acción pública
Este colectivo, que había reclamado una compensación para la ciudad de 13 millones de euros, considera insuficiente el acuerdo conseguido entre el Ayuntamiento de Valladolid y los representantes de las tres promotoras inmobiliarias, que contempla la cesión en el futuro de 60 viviendas
Las tres empresas beneficiadas (Metrovacesa, San José y Edificasa 2000) rubricaron un acuerdo con la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, y quien fuera portavoz del Grupo Municipal Socialista, Angel Velasco. Este documento, mantenido en secreto, incluye la cesión al Ayuntamiento de Valladolid de 60 viviendas a través de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
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El documento, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, fue ratificado después de que la Asociación Cultural Ciudad Sostenible denunciara públicamente la "inejecución" de las sentencias y, en consecuencia, anunciara la acción pública, una figura legal que no está consolidada, pero que permite defender el interés general, como ha explicado en la Cadena SER la presidenta del colectivo, Susana Ordóñez.
El caso tiene su origen en el acuerdo anulado por los tribunales porque el alcalde de Valladolid "debió abstenerse" en las votaciones por razones de incompatibilidad: Javier León de la Riva era vicepresidente de Caja Duero, entidad que le designó consejero de la empresa Ebro. El Tribunal Supremo ratificó en 2011 la ilegalidad de la operación urbanística que permitió construir en la antigua fábrica de Pienos CIA, frente a Vallsur, 423 viviendas. Solo estaban permitidas 160.
Las 60 viviendas que se cederían como compensación no están construidas, sino que se edificarían en los terrenos liberados en la zona de la "Ciudad de la Comunicación", donde se encontraba la antigua azucarera de Santa Victoria.
