El PP en el Ayuntamiento reduce el caso Churriana al "morbo periodístico"

El equipo de gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Málaga reduce el caso Churriana, el polémico convenio urbanístico cuya investigación inicial llevó hasta la localización del mayor arsenal destapado en España, al "morbo periodístico" y niega irregularidades ni trato a favor a la empresa promotora de un hotel en el terreno.

El gobierno municipal ha insistido en la legalidad de este convenio, en su transparencia, y ha señalado que se trata de una operación muy beneficiosa para la ciudad, porque permitió al Ayuntamiento adquirir de forma gratuita más de 300.000 metros cuadrados para su protección ambiental, libre de viviendas.

El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, ha subrayado que el resultado de esta operación revela "la buena gestión " del equipo municipal y de los técnicos de Urbanismo y ha destacado que "el convenio es inmaculado".

Mario Cortés, portavoz del gobierno municipal, ha defendido la legalidad del convenio y ha subrayado que no pesa ninguna línea de investigación judicial por irregularidades urbanísticas y que lo que se indaga es un caso de blanqueo y tráfico de drogas, aunque en este asunto fueron detenidos dos técnicos de urbanismo y un policía local. El PP reitera que estos arrestos nada tienen que ver con el proceso urbanístico.

Ni de trato de favor, ni oscurantismo, a pesar de que en una de las reuniones con los privados estuvo un sobrino del alcalde. Cortés reduce la polémica al morbo periodístico.

Pero el equipo popular, lejos de dar carpetazo mediático a este asunto, agita la sospecha hacia la Junta. Se pregunta por qué el Gobierno andaluz retiró la protección ambiental de esta zona y la promotora lo sabía; una empresa que estuvo relacionada con el hermano del expresidente andaluz Manuel Chaves.