Tres informes advirtieron a Soria en 1997 que la licencia a la Biblioteca era ilegal

Las Palmas de Gran Canaria

Tres informes municipales advirtieron en 1997 al gobierno municipal de José Manuel Soria, hoy ministro de Industria, Energía y Turismo y entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que la concesión de la licencia de obras para la construcción de la Biblioteca del Estado, que el Tribunal Supremo ha ordenado demoler por ilegal, debería haber contado con un Plan Especial que regulase la ordenación de la parcela, ya que la parcela que iba a acoger el edificio invadía, según el proyecto arquitectónico, parte de un espacio libre.

Según los informes recabados por la SER, el 16 de mayo de 1997, el jefe y un técnico del servicio municipal de Licencias dictaminaron en su informe que la entonces futura Biblioteca del Estado no se ajustaba a los límites señalados por el Plan General, y que no se había redactado el Plan Especial, que es justamente el eje en que se ha apoyado el Supremo para declarar ilegal la concesión de la licencia.

Sólo 13 días después, el 29 de mayo de 1997, un segundo informe, firmado por el jefe de sección del servicio municipal de Planeamiento, admitía que el futuro edificio invadía un espacio libre, por lo que recomendaba "articular la debida cobertura legal si dada la importancia del asunto se considera conveniente seguir adelante con la propuesta".

Y el 2 de junio de 1997, o sea, cuatro días más tarde, un tercer informe técnico que hacía referencia a la necesidad de regular la parcela que iba a acoger la Biblioteca. En este caso la firma es del letrado asesor del área municipal de Urbanismo, cuyo concejal en aquella época era el hoy diputado autonómico Jorge Rodríguez Pérez. Este técnico apuntaba como algo "aconsejable", señala textualmente el documento, que "se formule un plan especial que contemple, no solo la edificación en sí misma, sino también la reordenación del espacio libre".

Finalmente, el Ayuntamiento obvió todas las advertencias y la comisión municipal de gobierno, presidida por José Manuel Soria, y donde además de Jorge Rodríguez también estaba el hoy alcalde Juan José Cardona, otorgó la licencia de obras a la Biblioteca sin redactar el Plan Especial recomendado por los técnicos. Fue el 25 de septiembre de 1997, y sólo seis meses después, el 26 de marzo de 1998, la comunidad de vecinos San Telmo, a través de su representante jurídico, anunciaba al Ayuntamiento su intención de librar la batalla judicial que, ya saben, ha terminado con la orden de derribo de la Biblioteca del Estado.