Aerte exige que no prime el criterio económico en las adjudicaciones
Aseguran que los bajos precios de las licitaciones van en detrimento del servicio ofrecido para a los dependientes y de las condiciones laborales
Valencia
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha exigido que los procedimientos de contratación pública no estén solo supeditados a criterios económicos y que permitan a todos los centros la oportunidad de acceder en igualdad de condiciones
Según ha explicado Aerte en un comunicado, "lucha contra el intrusismo" de un servicio que no puede ser prestado "sin unas exigencias mínimas de profesionalidad y control", unas prácticas, que a su juicio, han aparecido en los últimos procedimientos de adjudicación de servicios de asistencia a personas con dependencia.
Aerte ha destacado que estas adjudicaciones "se han convertido en una mera subasta", ya que dan prioridad al precio más bajo, "en muchos casos inferior al propio coste, incluso laboral del servicio profesional", por lo que, a su parecer, supone un "detrimento de la calidad asistencial" que requiere este colectivo vulnerable.
Esta "infradotación económica" lleva, según ha apuntado la directora general de Aerte, María José Mira, "a la pérdida de viabilidad de la ejecución del contrato y la vulneración de los derechos sociales de los trabajadores, así como al deterioro de las instalaciones por falta de mantenimiento y la carencia de materia prima".
Mira ha señalado además que, "a pesar de las dificultades presupuestarias, la Administración debe garantizar la correcta ejecución de los servicios sociales públicos" y ha exigido que los procedimientos de contratación pública "no queden supeditados fundamentalmente a criterios económicos".
La asociación ha expresado la necesidad de que también las personas que requieran asistencia o sus familiares puedan escoger "dónde desean ser atendidas en aquellos servicios y cuidados que les corresponde por Ley".
Ha remarcado, además, que "espera que para el último trimestre del año la Conselleria de Bienestar Social pueda remitir al sector un primer borrador del convenio que permita el desarrollo de este nuevo modelo", que establezca "unos elevados parámetros de coordinación sociosanitaria público-privada".
