Bonig pide que se impongan tasas a quien use la justicia con fines políticos

Valencia

La coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, se muestra partidaria de imponer tasas en la vía penal a quienes presenten querellas y denuncias falsas con fines políticos, ya que -afirma- existen muchos ejemplos de ese uso "y siempre vienen de enfrente"

Isabel Bonig reivindica que "se empiecen a exigir responsabilidades a quienes utilizan la justicia con fines partidistas y políticos", y destaca que el PP es "mucho más respetuoso" que los partidos de la oposición en esta materia.

Según Bonig, en una entrevista con la Agencia EFE, no puede ser que la oposición, los sindicatos, los partidos de izquierda, estén constantemente utilizando la justicia y los tribunales para atacar al PP y a las personas. Sostiene que la mayoría de esas denuncias y querellas se acaba archivando "y nadie pide perdón", dice.

En ese contexto, la coordinadora general del PPCV es partidaria de pactar con otros partidos políticos el momento concreto en el que una persona tiene que abandonar la política o sus cargos de responsabilidad para "no dañar a la institución y al sistema", como ha planteado el PP nacional con la referencia de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Para Bonig, la medida que adoptó el president de la Generalitat, Alberto Fabra, de establecer la línea roja contra la corrupción en el momento de la imputación para apartar a los cargos públicos pretendía dar ejemplaridad en un momento complicado, pero "se ha tornado en un instrumento para atacar a las personas".

Las elecciones, afirma Bonig, se ganan en las urnas, no en los tribunales, y es que, quien quiera ganar las elecciones en los tribunales, ni cree en el sistema ni tiene nada que aportar a los ciudadanos.

Según Bonig, su partido ha sido estricto en aplicar esa línea roja, porque se venía de una situación complicada, asevera, aunque no distinta de otras autonomías. Considera la popular que empezar a distinguir determinados supuestos: entre el enriquecimiento personal y cuestiones administrativas.

Donde se demuestre o haya indicios de enriquecimiento personal, Bonig sugiere que se debe ser muy contundente, pero en las cuestiones administrativas apuesta porque, mientras no se demuestre lo contrario, una persona se siga considerando inocente.

Bonig lamenta que la oposición y sindicatos ligados a determinados partidos usen como "arma arrojadiza" una medida que no aplican cuando les toca a ellos. Destaca que hay casos en los que puede haber una irregularidad administrativa pero no delito e insiste en que la justicia no está para hacer política.

Admite, además, que las causas de corrupción "evidentemente" les han hecho daño, pero remarca que la corrupción no depende del color político, sino que es una cuestión personal y está en todos los partidos e instituciones y ámbitos. Afirma que los políticos "no son más corruptos que otras personas".