La nueva Ley de Formación Profesional vetará a las empresas que pretendan vivir sólo de subvenciones
Los centros privados estarán obligados a inscribirse en un registro para poder optar a subvenciones de la Junta. La nueva Ley también establece que en ningún momento podrán depender y desarrollar su labor exclusivamente a través de ayudas públicas
El gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este martes el anteproyecto de Ley de Formación Profesional, que incrementa los mecanismos para luchar contra el fraude. La concesión de subvenciones será por concurso público y los centros privados estarán obligados a inscribirse en un registro para poder optar a las ayudas de la Junta
El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha explicado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que las empresas, los sindicatos, las organizaciones empresariales y cooperativas que quieran impartir cursos de formación profesional sólo podrán hacerlo a través de centros de su titularidad y que estén autorizados.
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La creación de esta red de centros es el "plato fuerte" de este anteproyecto de ley, que incluye también como novedades la concurrencia competitiva para adjudicar los cursos de formación y la prohibición de exonerar a los beneficiarios de ayudas de justificar las subvenciones para poder recibir más.
El consejero ha subrayado que el objetivo de la ley es mejorar la cualificación profesional de la población activa andaluza y, aunque la ha desvinculado de los casos de fraude que investiga la policía y la Justicia en las ayudas a la formación para el empleo, ha reconocido que refuerza los mecanismos de control de las acciones formativas Ha explicado que los centros privados que se incorporen a la red de centros de formación profesional tendrán que tener autonomía financiera suficiente, experiencia previa formativa y contar con un plan de calidad y, sobre todo, que "en ningún momento puedan depender y desarrollar su labor exclusivamente a través de subvenciones".
Además, los centros que dejen de funcionar, al menos durante un año, quedarán fuera del sistema.
La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia competitiva y sólo las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación podrán financiarse en régimen de concesiones directas, tal como señala la normativa estatal.
Asimismo, el pago de las ayudas quedará siempre condicionado a que las entidades beneficiarias acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no se podrá exceptuar del cumplimiento de sus obligaciones a las beneficiarias de subvenciones.
Con el fin de establecer una estrecha relación entre la formación profesional y el sistema productivo se elaborará un catálogo de cualificaciones profesionales para incluir las específicas del tejido productivo andaluz que no están en el listado nacional, como las de sector textil, minero y enseñanzas artísticas.
El consejero ha subrayado que el anteproyecto de ley es innovador y pionero en España y ha avanzado que la memoria económica contempla 1.200 millones para su puesta en marcha, aunque ahora iniciará los trámites hasta su aprobación definitiva en el Parlamento.
