Un informe avala que el Parlamento siga con la defensa de Atutxa

Un informe redactado por los Servicios Jurídicos del Parlamento vasco avala la legalidad de la decisión adoptada por el legislativo de Vitoria de asumir la defensa del expresidente, Juan Mari Atutxa, y otros dos exmiembros de la Mesa de la Cámara, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, condenados por prevaricación al no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna en 2003.

La decisión de solicitar este estudio fue adoptada en julio con el apoyo de PNV y EH Bildu, en una reunión de la Mesa en la que PSE y PP reclamaron que el Parlamento dejara de financiar los recursos ante la Justicia de Atutxa, Knörr y Bilbao porque podría ser "ilegal". El PP argumentó que una sentencia de un Juzgado de Santiago de Compostela había condenado por prevaricación a siete concejales que acordaron pagar con cargo al Ayuntamiento la defensa de otro edil.

Sin embargo, el informe al que ha tenido acceso Cadena SER Euskadi concluye que son supuestos "distintos".

Según explica, Compostela decidió asumir con cargo a fondos públicos los gastos del abogado defensor y en cambio, el Parlamento vasco encomendó a sus servicios jurídicos la defensa. El primer caso "se desvía de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo" y el segundo "está contemplado con carácter general y expresos en múltiples ordenamientos".

"Fueron actuaciones en el desempeño de sus funciones como Presidente, Vicepresidente Primero y Secretaria Segunda" y "resulta evidente que la exigencia de responsabilidades deriva directa e inmediatamente de la actuación desarrollada por los tres exparlamentarios en su condición de miembros de la Mesa del Parlamento vasco", sostiene el estudio.

Los juristas de la Cámara vasca no aprecian colisión de intereses, si bien recuerdan que "no son meros abogados de los imputados" y "si en el curso del proceso sobreviene un conflicto de intereses se debería renunciar a tal defensa".

Sobre la idoneidad de presentar el recurso ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el informe apela a la división que el caso ha generado en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional y que "pone en evidencia lo polémico del asunto y sustenta la razonabilidad del recurso". "No se trataría en modo alguno de un planteamiento temerario y desde una perspectiva deontológica para una defensa cabal de los exparlamentarios resultaría obligado apuntar la vía del recurso ante el TEDH".

Por otra parte, el Parlamento ha contratado a un experto, a petición de sus servicios jurídicos que, en su día, pusieron de manifiesto su "falta de experiencia" en este ámbito y las "posibles consecuencias que podía acarrear el ejercicio de la defensa, entre ellas también las económicas". La recomendación ha sido asumida por la Mesa que ha firmado "un contrato con el señor Vervaele que todos los miembros de la mesa conocen".

En diciembre de 2013 el Tribunal Constitucional denegó el amparo solicitado por lo exparlamentarios condenados en el Tribunal Supremo por prevaricación. Así que, agotadas las instancias judiciales en el Estado, la propia sentencia indicaba como única vía el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, tras dar su conformidad los imputados, la Mesa del Parlamento por mayoría de PNV y EH Bildu acordó interponer en febrero de este año.

Desde junio de 2003 los Servicios Jurídicos han venido asumiendo sin interrupción la defensa de los tres condenados con un coste aproximado de 18.000 euros.