La Junta informa a Alaya que debe pagar 26.500 euros a Guerrero
El gobierno andaluz cumple así una sentencia que le obliga a pagar sueldo y trienos al exdirector de Trabajo, suspendido de sus funciones como funcionario. Javier Guerrero tiene embargo sus bienes y sus cuentas
La Junta ha presentado un escrito en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla en el que comunica que debe abonar a Javier Guerrero, exdirector de Trabajo imputado en los ERE, 26.500 euros en concepto de sueldos y trienios. Una cantidad de la que hay que deducir las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF. La jueza, Mercedes Alaya, podrá ahora ordenar el embargo de parte de esta cantidad, para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil que tiene impuesta. Una fianza que se eleva a 686 millones de euros.
Guerrero se encuentra en situación administrativa de suspensión provisional de sus funciones como funcionario de la Junta pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó que se le debía asignar un puesto de trabajo.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA estimó parcialmente el recurso interpuesto por el abogado de Guerrero contra la resolución de 12 de enero de 2012 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta por la que se acordó concederle el reingreso en el cuerpo de auxiliares administrativos aunque lo declaraba en suspensión provisional de funciones y no le asignaba un puesto de trabajo por su imputación en el caso ERE.
El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, recurrió esta decisión, confirmada en abril de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla, para que la Junta le asignase un puesto de trabajo y le abonara las retribuciones "legalmente previstas", ya que considera que "con el proceder de la administración demandada se elude la Ley, pues al acordar el reingreso y suspenderlo, se impide que se produzcan los efectos económicos correspondientes".
En un escrito remitido al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo López, indica que, "en cumplimiento de la referida sentencia han de abonarse a Francisco Javier Guerrero, aún cuando continúe en situación administrativa de suspensión provisional de funciones, en concepto de retribuciones básicas -sueldo y trienios-, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98.3 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, 778,25 euros mensuales íntegros y, además, los atrasos devengados desde la fecha en que fue declarado en suspensión, que a 31 de julio de 2014 ascenderían a 26.565,10 euros íntegros", precisando que "de estas cantidades habrían de deducirse las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF".
