Alaya imputa al exconsejero Ángel Ojeda por los cursos de formación de Delphi

La jueza Mercedes Alaya ha imputado, en la investigación sobre el supuesto fraude en los cursos de formación concedidos por la Dirección General de la Consejería de Empleo desde 2001, al exconsejero de Economía, Ángel Ojeda. Según adelanta Diario de Sevilla, Ojeda todavía no ha sido citado a declarar. Alaya imputa a Ojeda los supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos. Sus empresas recibieron 33,3 millones de euros ENTRE 2009 Y 2010. Es el segundo exconsejero imputado por la magistrada. Este es el procedimiento que investiga las ayudas a la formación dadas a sindicatos y empresarios, que dirige Mercedes Alaya.

La magistrada sostiene que las empresas de Ojeda obtuvieron el dinero "gracias a sus influencias en la Junta". Estas sociedades supuestamente simularon la contratación de antiguos trabajadores de Delphi, según recoge la Inspección de Trabajo en un documento remitido al juzgado de Alaya. Según el auto de imputación, Ojeda subcontrató los cursos de formación con empresas propias pero distintas a las que habían recibido las ayudas, cosa que no estaba autorizada, y que, según la jueza, se hizo "a fin de ocultar el verdadero destinatario de los fondos".

Ángel Ojeda fue detenido el 4 de agosto dentro de la Operación Óscar de la Brigada Central de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. La UDEF presentó un atestado al juez de instrucción número 2 de Cádiz y efectuó 9 detenciones. La Fiscalía de Cádiz solicitó al juez que se inhibiera a favor de Mercedes Alaya, que ya había ordenado a la Guardia Civil que investigara las ayudas a la formación que había cobrado Ojeda para impartir cursos de formación a los extrabajadores de la multinacional Delphi. El magistrado preguntó a Alaya y ella ha respondido que debe asumir la competencia porque su juzgado es el primero que ha conocido de estos hechos. Así que cuando el el juez de Cádiz vuelva de sus vaciones se inhibirá y remitirá toda la información de la Policía al juzgado de Sevilla. Y será la Guardia Civil la que continúe con la investigación.

En este caso también está imputado el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que está citado a declarar el 16 de octubre.

La Junta de Andalucía ha eximido de justificar a distintas entidades 950 millones en subvenciones a la formación entre 2008 y 2011. Es un dato a fecha de octubre del año pasado que ofreció en su declaración como testigo ante la Guardia Civil el director general de Formación Profesional. Son exoneraciones contrarias a la ley de subvenciones, que sólo las contempla en circunstancias excepcionales.

Esta circunstancia está recogida en el auto de imputación a Fernández, citado a declarar por las ayudas de 70 millones para la formación concedidas a Delphi.

Según Alaya las otorgó con ausencia de procedimiento, permitió la subcontratación de las actividades formativas, estando prohibido, y concedió becas por encima del máximo legal permitido a los trabajadores por asistir a los cursos de formación.