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La Fiscalía de Medio Ambiente cuestiona la legalización de viviendas

El fiscal de Sevilla alerta de la contradicción que se plantea cuando el Código Penal y el Supremo obligan a la demolición de lo construido en suelo no urbanizable

El Fiscal de Medio Ambiente de Sevilla, Javier Rufino, cuestiona que sea posible materializar el anuncio realizado por la presidenta de la Junta, en el debate sobre el Estado de la Comunidad, de regularizar algunas viviendas construidas en suelo no urbanizable. No tiene sentido, afirma, castigar en el código penal la construcción ilegal y luego permitir que se mantenga en pie el inmueble por una decisión administrativa.

A la espera de conocer los detalles del plan anunciado, el fiscal de Medio Ambiente de Sevilla dice que es difícil imaginar que una reforma de este tipo pueda servir para cambiar el criterio general en España, favorable a la demolición. Recuerda que el Supremo, en los dos últimos años, ha sido favorable a demoler las construcciones ilegales.

Susana Díaz ha defendido la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para permitir la regularización de unas 25.000 viviendas ilegales. Edificaciones levantadas en suelos no urbanizables y dispersas la mayoría en municipios de Málaga y Almería. Según ha explicado la consejería, muchas pertenecen a extranjeros que las compraron sin saber que eran ilegales.

La Junta dijo que no se regularizarán las casas que estén sometidas a un procedimiento judicial.

 

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