No habrá amnistía generalizada para las viviendas ilegales en Andalucía

Ante la polémica abierta por el anuncio de regularizar 25 mil viviendas ilegales, la consejera de Medio Ambiente puntualiza que no será un cheque en blanco. María Jesús Serrano advierte que sólo se salvaran las que reúnan requisitos como que estén en zona urbanizable o que haya prescrito el delito.

La Junta niega presiones del Reino Unido para regularizar las viviendas ilegales

La consejera de Medio Ambiente dice que "no hay una amnistía" y que se regularizarán las casas que no tengan activos expedientes sancionadores o estén causas penales. La Fiscalía ordenó 16 derribos en 2013

La Junta de Andalucía ha negado presiones del Reino Unido para salvar las viviendas en suelo no urbanizable de compatriotas en la región. La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha manifestado en una entrevista en la Cadena SER que la reforma legal anunciada esta semana para regularizar estas casas no es una "amnistía" ni una regularización masiva, y ha rechazado que se haya diseñado esta medida en respuesta a las presiones británicas.

Según la consejera, se trata de una modificación puntual de la ley urbanística para regularizar las viviendas en parcelaciones no urbanizables, que no tengan activo un expediente sancionador por la vía administrativa o estén en una causa penal, por delito urbanístico.

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Serrano ha insistido en que esta modificación de la ley no supone una legalización de las edificaciones, sino una regularización. En Málaga, donde hay unas 50.000 viviendas en suelo no urbanizable, y Almería son las dos provincias más afectadas por estas construcciones irregulares.

La consejera ha incidido en que no se salvarán las viviendas que estén en procesos judiciales, por delitos contra la ordenación del territorio, y ha añadido que esta reforma complemente el decreto de 2012 que se aprobó como "reconocimiento jurídico" de viviendas que estaban en el limbo legal.

La Junta ha repetido esta semana que las viviendas que se acojan a esta modificación legal no tienen nada que ver con las construcciones sobre las que pesan órdenes de derribo.

La Fiscalía Superior de Andalucía advierte en su última memoria de 2013 del incumplimiento de las órdenes de derribo, por ejemplo en Granada. El Ministerio Público defiende que la demolición es una medida para reparar el daño causado. En todo caso, son pocos los derribos ejecutados, en proporción con los delitos investigados. En Málaga se ejecutaron 16 órdenes de demolición y en Sevilla, 15.

En el plano jurídico, expertos consultados admiten que esta reforma legal puede dificultar los procesos penales que se siguen en los tribunales por delitos contra la ordenación del territorio. Diego Vera, profesor experto en urbanismo de la Universidad de Málaga, dice que se ha buscado una fórmula novedosa en Derecho que puede frenar las investigaciones de delitos contra la ordenación del territorio.

¿Y qué pasa con las viviendas que ya han sido demolidas? Javier Carnero, delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta, asegura que el derribo en estos casos era la opción inevitable, por estar edificados en suelo protegido, en parajes o en cauces de los ríos.

Los dueños de estas casas defienden que no son unos delincuentes, ni especuladores. Manolo Pedrosa empezó a construir hace seis años su chalé en suelo no urbanizable en un diseminado de Mijas. Asegura que paga sus impuestos (IBI, agua..) y que ahora está dispuesto a abonar lo que haga falta, a cambio de que no le echen abajo su casa.