La Junta niega presiones del Reino Unido para regularizar las viviendas ilegales

La Junta de Andalucía ha negado presiones del Reino Unido para salvar las viviendas en suelo no urbanizable de compatriotas. La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha manifestado en una entrevista en la Cadena SER que la reforma legal anunciada esta semana para regularizar estas casas "no es una amnistía" ni una regularización masiva, y ha rechazado que se haya diseñado esta medida en respuesta a las presiones británicas.

Según la consejera, se trata de una modificación puntual de la ley urbanística para regularizar las viviendas en parcelaciones no urbanizables, que no tengan activo un expediente sancionador o estén en una causa penal, por delito urbanístico.

Serrano ha insistido en que esta modificación de la ley no supone una legalización de las edificaciones, sino una regularización. En Málaga, donde hay unas 50.000 viviendas en suelo no urbanizable, y Almería son las dos provincias más afectadas por estas construcciones irregulares.

La consejera ha incidido en que no se salvarán las viviendas que estén en procesos judiciales, por delitos contra la ordenación del territorio, y ha añadido que esta reforma complemente el decreto de 2012 que se aprobó como "reconocimiento jurídico" de viviendas que estaban en el limbo legal.

La Junta ha repetido esta semana que las viviendas que se acojan a esta modificación legal no tienen nada que ver con las construcciones sobre las que pesan órdenes de derribo.

La Fiscalía Superior de Andalucía advierte en su última memoria de 2013 del incumplimiento de las órdenes de derribo, por ejemplo en Granada. El Ministerio Público defiende que la demolición es una medida para reparar el daño causado. En todo caso, son pocos los derribos ejecutados, en proporción con los delitos investigados. En Málaga se ejecutaron 16 órdenes de demolición.

Losdueños de estas casas defienden que no son unos delincuentes, ni especuladores. Manolo Pedrosa empezó a construir hace seis años su chalé en suelo no urbanizable en un diseminado de Mijas. Asegura que paga sus impuestos (IBI, agua) y que ahora está dispuesto a abonar lo que haga falta, a cambio de que no le echen abajo su casa.