La Diputación recibirá 11,2 millones por los bonos del ferry

La diputación vizcaína ingresará 11'2 millones de euros, tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la empresa propietaria del ferry Pride & O, a devolver el dinero por los bonos que compró la diputación y no se utilizaron por la quiebra del ferry.

La Diputación de Bizkaia percibirá 11,2 millones de euros (9,66 más los intereses legales) tras la sentencia del Supremo que ha fallado a su favor en el caso de los bonos del ferry Bilbao-Portsmouth, un dinero que espera cobrar al estar la empresa afectada, P&O, dentro de la Unión Europea.

El Supremo ha condenado a la naviera P&O a pagar 9,6 millones de euros más los intereses a la Diputación tras el cierre en noviembre de 2010 de la línea del ferry Bilbao-Portsmouth, ya que la Diputación les había adelantado esa cantidad para reservar 35.707 plazas en esos barcos.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha comparecido hoy, acompañado por los ocho diputados de su consejo y por parte del servicio jurídico, para expresar su satisfacción por la sentencia del Alto Tribunal.

Primero, el diputado general se ha congratulado de que la sentencia haya permitido "quitar el velo" sobre la empresa afectada, ya que la filial de P&O que prestaba el servicio de ferry ya no existe, pero el Tribunal ha establecido la responsabilidad de la casa matriz, la compañía de cruceros británica del mismo nombre.

Después, José Luis Bilbao ha recordado que el caso levantó una gran polvareda, con informes del Tribunal Vasco de Cuentas, una comisión de investigación en Juntas o la apertura de diligencias por la fiscalía.

En un día de "reconocimientos y exigencias", el diputado general ha expresado su reconocimiento a la labor de los que entonces, "en un ejercicio de honestidad personal", apoyaron a la Diputación y establecieron que no había pérdida patrimonial, lo que ahora ha ratificado el Supremo.

Entre ellos, ha elogiado al entonces diputado foral de Transportes, el socialista Martín Martínez, y a Joseba Lizuriaga de EA, presidente de la comisión de investigación de las Juntas que exoneró a la Diputación de responsabilidades, y para José Ferrera, de EB.

También ha tenido recuerdos para la funcionaria jefa de servicio que fue imputada momentáneamente, Esperanza Hernández, y para los miembros de su gabinete jurídico.

En cambio, ha pedido una rectificación pública, aunque ha admitido que "no va a servir para nada", en primer lugar al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que emitió un informe contrario y elevó al caso al Tribunal de Cuentas del Estado, que finalmente lo desestimó.

También ha pedido rectificaciones al PP de Bizkaia, cuyo portavoz entonces, Carlos Olazabal, habló de "sustracción, de robo de 10 millones", ha comentado hoy Bilbao, y también al portavoz del PSE Iñaki Egaña, que criticó los recursos judiciales y pidió a la Diputación que dejara de "malgastar en recursos judiciales", y a la izquierda abertzale, que denunció pérdida patrimonial.

También ha pedido al diario "El Correo" que rectifique por sus críticas al jefe de los servicios jurídicos forales, José Luis Etxeberría.

"Es un día importante" -ha concluido Bilbao-, y a pesar de todas las acusaciones "rastreras, mentiras y dañinas", la Diputación ingresará 11,2 millones que serán dedicados a financiar los próximos presupuestos de 2015.