Alaya pide a la Intervención sus informes sobre los cursos de formación

La jueza Mercedes Alaya concede 10 días a la Intervención General dde la Junta de Andalucía para que entregue a la Guardia Civil todos los informes elaborados desde 2002, relativos al programa 32D o cualquier otro programa presupuestario relativo a los cursos de formación. La magistrada requiere, además, los informes previos a los acuerdos del Consejo de Gobierno que autorizaban concesiones directas del presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). También todos los informes elaborados sobre las resoluciones de exoneración. Además pide los informes sobre el control financiero de las subvenciones a la formación, y también los informes previos sobre las bases reguladores y las órdenes de convocatoria.

La jueza quiere que la Intervención explique el diferente tratamiento en la concesión de cursos cuando se trataba de subvenciones otorgadas por el SAE y cuando se trataba de subvenciones otorgadas por las delegaciones provinciales de Empleo. Alaya desea saber si existió alguna particularidad en la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla. La magistrada pide a la Intervención una explicación ajustada a la legalidad sobre las exoneraciones decididas por la Junta.

Teodoro Montes, responsable del departamento de Gestión de la Formaciópn Profesional hasta hace casi un año, prestará declaración como testigo el 9 de octubre. El jefe de gestión de Formación Profesional declaró como testigo ante la Guardia Civil hace casi un año para poner de manifiesto que los cursos de formación, supuestamente, se han adjudicado de manera arbitraria a sindicatos, fundaciones y empresas relacionadas políticamente o familiarmente con altos cargos del Psoe y de la Junta.