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La Junta llevará los PGE ante la justicia europea por la línea Algeciras-Bobadilla

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, denucnia que las cuentas del Gobierno de España suponen el "incumplimiento flagrante" de los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de diciembre de 2013 sobre orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte

El anteproyecto de los PGE para 2015 incide en esta misma tendencia al consignar a estas obras, "aún no iniciadas", 50 millones de euros, cuando el montante necesario para su completa terminación antes de 2020 es de "1.153 millones", según los propios estudios publicados por el Ministerio de Fomento

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha anunciado que, de no modificarse la consignación presupuestaria "absolutamente insuficiente" para la línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla durante la tramitación parlamentaria, su departamento denunciará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015.

Según ha explicado a los periodistas en Algeciras (Cádiz), el motivo de la denuncia es que las cuentas del Gobierno de España suponen el "incumplimiento flagrante" de los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de diciembre de 2013 sobre orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte.

Dicha normativa establece que las obras de esta línea, dado que conecta al puerto de mayor tráfico de mercancías de España, deben iniciarse en 2015 y terminar como máximo en 2020, algo "totalmente inviable" con el ritmo inversor del Gobierno central en esta línea.

"Si en el primer trimestre del próximo año no se licita la redacción de proyectos de todos y cada uno de los tramos de la línea y de tres subestaciones para su electrificación, el cumplimiento de estos plazos resultará imposible", ha asegurado Cortés, que ha señalado que la partida para Algeciras-Bobadilla en 2015 y en general el ritmo inversor del Gobierno "bloquean cualquier posibilidad" de seguir los ritmos marcados por Europa y "lastran a todo el Campo de Gibraltar".

"El Gobierno hace competir al puerto de Algeciras con una mano atada a la espalda", ha añadido Cortés, que ha recordado que desde 2012 el Gobierno ha presupuestado 4.673 millones para el Corredor Mediterráneo, de los cuales sólo 115, es decir un 2,4 por ciento, ha ido a la línea Algeciras-Bobadilla. "Y eso sólo son los números. La realidad es aún más lamentable porque ni siquiera ejecutan estas partidas", ha señalado la consejera.

El anteproyecto de los PGE para 2015 incide en esta misma tendencia al consignar a estas obras, "aún no iniciadas", 50 millones de euros, cuando el montante necesario para su completa terminación antes de 2020 es de "1.153 millones", según los propios estudios publicados por el Ministerio de Fomento.

Esta falta de financiación estatal en 2015 está en sintonía con el criterio seguido para esta infraestructura en los PGE de 2014, que destinaron una idéntica partida de 50 millones de la que "no se llegó a ejecutar nada", a pesar de que se licitaron obras por valor de 18 millones.

Por este motivo, la Consejería ha decidido denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE la "evidente insuficiencia" de créditos necesarios para poder dar cumplimiento a la normativa comunitaria.

Considera que la Unión Europea debe tener conocimiento de que el Estado español está "incumpliendo de manera flagrante unas directrices muy claras en materia de transporte", ha advertido Cortés, que ha mostrado su convencimiento de que las autoridades comunitarias "adoptarán las medidas necesarias para corregir esta vulneración".

La Consejería trabaja ya en recabar toda la documentación necesaria para presentar la denuncia, que se elevará en cuanto se aprueben definitivamente y entre en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado, "si no sufren una modificación sustancial durante su tramitación", ha reiterado Cortés.

En el recurso se incluirán expedientes administrativos, certificaciones de obra y una serie de documentos gráficos y escritos que "acreditan el incumplimiento de la legislación comunitaria por parte del Gobierno central".

 

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