Urkullu reconoce que es necesario más control sobre las ayudas sociales

Urkullu ha respondido hoy de este modo a una interpelación planteada en el pleno de control del Parlamento Vasco por la popular Laura Garrido sobre los "cobros indebidos" de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en los años 2012 y 2013, cifrados por Lanbide en 56 millones de euros.

El lehendakari se ha mostrado preocupado por la "campaña" de "cuestionamiento general del sistema vasco de protección social" que, a su juicio, ha emprendido el PP vasco, tras las palabras en las que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, aseguraba que los ciudadanos magrebíes viven de las ayudas sociales y no quieren trabajar.

Urkullu ha subrayado que "no hay beneficios especiales a colectivos específicos de inmigrantes", al tiempo que ha subrayado que el hecho de que haya un mayor porcentaje de percepción de ayudas entre extranjeros se debe a que "sufren más la exclusión y la pobreza"."Son ciudadanos de este país porque viven en este país. Están con nosotros, son nosotros, no son ellos. Pido a la sociedad vasca que sea solidaria con la parte mas débil de la sociedad", ha reclamado.

El lehendakari ha negado que haya una situación de fraude generalizado" en las percepción de RGI, aunque ha apuntado que "el Gobierno Vasco y Lanbide no van a bajar la guardia" y van a seguir trabajando "para aumentar el control y reducir los abusos si los hubiere, en un marco de colaboración con todas la instituciones"."Somos conscientes de que es necesario incrementar el control de las ayudas sociales porque supone más justicia social", ha dicho Urkullu, quien no obstante ha rechazado el "cuestionamiento del marco normativo legal de las prestaciones sociales" que han hecho dirigentes del PP vasco.

"No comparto ni el fondo ni la forma de las invectivas lanzadas por el PP. Mejorar el control y luchar contra el fraude sí, reducir el Estado de Bienestar y la cobertura social en Euskadi no, controlar las ayudas, sí, suprimir las ayudas no", ha subrayado.En este sentido, ha recordado que en sus 25 años de vigencia el sistema vasco de protección social ha sido mejorado, pero siempre "ha mantenido su espíritu", en base a los principios de "solidaridad con los más necesitados, de consenso político, y de colaboración institucional".

Por ello, se ha mostrado dispuesto a "seguir mejorando el sistema" y ha señalado que es al Parlamento Vasco al que le corresponde debatir y acordar los cambios.En referencia a los cobros indebidos, ha precisado que no suponen "necesariamente un fraude", sino que están provocados por "falta de control o error en la gestión", por "dinámica de la tramitación administrativa" o por "desconocimiento o descuido" de los perceptores.