El Ararteko alerta sobre el aumento de la xenofobia en Euskadi

El Defensor del Pueblo vasco, Íñigo Lamarca, ha expresado ante el pleno del Parlamento vasco su preocupación por el aumento de la xenofobia en Euskadi como una de las reacciones a la situación de deterioro social y económico provocado por la crisis económica.

Durante la presentación en sede parlamentaria de su último informe anual correspondiente a 2013, Lamarca ha mostrado su "honda preocupación" derivada del "contexto socioeconómico en el que se ejercen los derechos sociales, sobre todo los relacionados con el sistema de protección" social en la actualidad.

Ha recordado que este contexto se caracteriza por el aumento del desempleo, una tasa "insoportable" de paro juvenil, "las estrecheces presupuestarias", el incremento de las desigualdades, así como del riesgo de exclusión social y el descenso brusco e importante del nivel de vida y de ingresos de amplias capas de la población".

También ha recordado el aumento "notable" de la precariedad laboral y social, y de la "incertidumbre" ante el futuro, el deterioro de las condiciones y de los derechos laborales, el aumento de la xenofobia, y el "debilitamiento de la necesaria legitimación social de las instituciones públicas".

"Estos elementos dan lugar a un escenario en el que se observa una quiebra del valor de la solidaridad, así como del llamado contrato social, que son los pilares sobre los que descansa el edificio del Estado social", ha subrayado.

A juicio del Ararteko, esta situación "dibuja un cuadro extremadamente delicado y genera un clima muy negativo para el ejercicio de los derechos y la acción de las políticas públicas".

Ha reiterado la necesidad de trabajar "con ahínco" a favor de los valores de la solidaridad, de la equidad y la justicia sociales, de la inclusión y la cohesión sociales, "tejiendo para ello amplios consensos políticos y sociales".

"Me gustaría que nadie pudiera decir que en Euskadi no se cumple o no se quiere cumplir lo dispuesto por el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos" y para ello, ha recordado, "hay que proteger debidamente la dignidad de todas y cada una de las personas que viven" en el País Vasco.

Ha reconocido que el año pasado se han producido "mejoras notables" en la gestión de la RGI y de la Prestación Complementaria de Vivienda, aunque ha advertido de que quedan cuestiones pendientes y urgentes para su resolución.

Entre ellas, ha citado la necesidad de que se amplíen los recursos materiales y humanos en todas las oficinas de Lanbide, así como el desarrollo reglamentario de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

En el funcionamiento del sistema ha apuntado una crítica relativa a las "denegaciones injustificadas de inscripción en el padrón" de personas de etnia gitana.