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Nuevo retraso para el juicio de la 'Gürtel' valenciana

El Tribunal Supremo decide llevar al pleno de lo penal la decisión sobre la competencia para enjuiciar las adjudicaciones de la Generalitat valenciana para su pabellón de Fitur

El Tribunal Supremo ha decidido que sea el pleno de lo penal el que resuelva sobre la competencia para enjuiciar las adjudicaciones de la Generalitat valenciana de su pabellón en Fitur, después de que dos de las acusadas renunciaran a su aforamiento.

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Medio año después de la fecha que la justicia valenciana señaló para la celebración de este juicio, la rama 'Gürtel' de esta comunidad sigue sin pisar el banquillo de los acusados, con un nuevo retraso: el Tribunal Supremo ha decidido que será el pleno de la sala de lo penal quien decida si este asunto debe ser enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, o si debe ser la Audiencia Provincial, después de que dos acusadas, Angélica Such y Milagrosa Martínez hayan renunciado a su acta de diputadas regionales en las Corts y por tanto a su aforamiento.

Un pleno no jurisdiccional que por el momento no tiene fecha y que amplía el horizonte decisorio sobre esta cuestión competencial seis meses y medio después de ese 31 de marzo que señaló el TSJCV para la celebración del juicio: cuando el Tribunal Supremo tome una decisión definitiva, el organismo a quien corresponda tendrá que fijar una nueva fecha de juicio oral. Un pleno en el que los jueces de lo penal decidirán, en términos genéricos, sobre las características de este caso: la pérdida de aforamiento cuando ya se ha cerrado la investigación y hay una fecha fijada para el juicio.

En esta rama valenciana del 'caso Gürtel', la justicia investiga las adjudicaciones del pabellón de la Generalitat valenciana en la Feria de Turismo (Fitur) en Madrid entre 2005 y 2009, cuando Francisco Camps estaba al frente del ejecutivo valenciano. La Fiscalía, en cuya opinión este caso debía juzgarse en el TSJCV, pide once años de cárcel para Milagrosa Martínez y una década de inhabilitación para Angélica Such, exconsejeras procesadas en esta causa.

Un juicio con medio año de retraso

El conflicto de competencia llegó cuando las dos exconsejeras y diputadas Such y Martínez dimitieron de sus respectivos cargos y perdieron por tanto su aforamiento. El juicio estaba señalado para el pasado 31 de marzo en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, pero la pérdida de fuero de las dos acusadas llevó a este organismo a pasar la pelota a la Audiencia Provincial. Una situación que ha provocado que el juicio, en estos momentos, lleve seis meses y medio de retraso con respecto a su fecha original.

 

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