Datos que cuestionan la competencia de Alaya en el caso de los cursos de formación
Según ha sabido la Cadena SER un juzgado del municipio sevillano de Coria pidió al juzgado de Alaya que tomara declaración al testigo clave de esta causa en junio de 2013 pero la jueza no lo hizo hasta tres meses después
La jueza Mercedes Alaya a su entrada a los juzgados (ARCHIVO).(CADENA SER)
La jueza pudo tomar declaración y no lo hizo a Teodoro Montes en junio de 2013, recibió un mandato, un exhorto, del juzgado de Coria donde Montes está imputado por un supuesto delito de falsedad en un curso de formación.
Un mandato para tomar declaración al funcionario pero no se le interrogó, si el juzgado de Alaya lo hubiera oído en declaración el juzgado de Coria, seguramente, hubiera instruido esta macro causa de la formación que, curiosamente, se abrió tres meses después cuando Teodoro Montes acudió a la UCO, enviado por la magistrada, para denunciar el supuesto fraude en los cursos de formación al considerar que se trataba de una derivada del caso de los ERES.
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El testimonio de este testigo clave se ha ido desmoronando hasta el punto que el viernes admitió su imputación en el caso que instruye el juzgado de Coria por falsedad y suplantación de persona, imputación que se concretó poco antes de que acudiera a la Guardia Civil para denunciar los presuntos fraudes, a través de mordidas de patronal y sindicatos, en los cursos de formación.
A esto se suma la queja ante el Consejo General del Poder Judicial de los abogados del Manuel Ruíz de Lopera que acusan a Mercedes Alaya por su forma de instruir el caso Betis, al considerar que la magistrada no unió un informe pericial que favorece a la defensa de Lopera a la causa en 20120.
Se trata de un informe elaborado por Luis Ruiz de Huidobro para la causa del Betis que en lugar de incorporarse a ese procedimiento, se utilizó para otra causa que se abrió meses, el de Luis Oliver , ese informe, dicen los abogados de Lopera se ha unido al caso Betis tres años después.
Esta queja directa contra Alaya se une a otra presentada contra el ponente de la Audiencia de Sevilla que, reiteradamente, ha avalado todas las decisiones de la magistrada.
