La extinción de RTVV podría retrasarse

VALENCIA

Los liquidadores de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) esperan culminar las tareas de liquidación el 30 de junio de 2015 -la fecha fijada en el acuerdo del ERE de extinción de contratos-, pero admiten que no podrán proceder a la extinción jurídica hasta que acaben los procesos judiciales abiertos.

Los tres liquidadores han comparecido por primera vez en la comisión de control de la actuación de RTVV de Les Corts Valencianes para informar de las actuaciones acometidas y previstas, y han explicado que el objetivo para 2015 es pagar a los acreedores y cumplir la fecha de liquidación.

No obstante, el presidente del consejo de liquidación, Carlos Cervantes, ha alertado de que tras esa fecha "siempre quedarán las relaciones jurídicas" derivadas de procesos abiertos contra la radiotelevisión, algunas de naturaleza laboral y otras de naturaleza mercantil por algún acreedor que prefiera la vía judicial para cobrar.

Hasta que no se culmine era relación "no se puede proceder a la extinción jurídica de la compañía", ha añadido Cervantes, quien también ha desvelado que han dado instrucciones de no pagar facturas a la productora Triskel, porque un informe interno pone en "tela de juicio" esos pagos, y al Villarreal CF, porque "no se corresponden exactamente con las prestaciones pactadas".

El PSPV-PSOE ha anunciado que presentará una denuncia en la Fiscalía contra los liquidadores por no haber respondido a las preguntas que le han planteado; Compromís ha opinado que será "imposible" liquidar económica y jurídicamente RTVV en junio, y Esquerra Unida ha afirmado que el nuevo gobierno reabrirá la cadena.

Cervantes ha anunciado que han pedido a la Abogacía de la Generalitat firmar un convenio para que sus letrados presten su defensa en los pleitos vigentes, ante la "falta de medios personal de la propia televisión", y ha mostrado su convicción de que el proceso de liquidación "no está viciado de nulidad".

Respecto a los 800 millones de deuda financiera que tenía el ente RTVV -antes de convertirse en una SAU-, ha indicado que 300 millones los ha vuelto a asumir la Generalitat después de que los bancos hayan manifestado su consentimiento a esa subrogación, y que la deuda que queda en el ente es porque los bancos, sobre todo extranjeros, no han asumido ese cambio de deudor.

Además, ha justificado que la Cuenta pública de la Generalitat no incluyera el informe de auditoría externa de RTVV por una cuestión "muy peregrina y muy prosaica", como es que hasta hace dos semanas "no estaba contratada la firma auditora" del ente, y estaban pendientes de "reformular" las cuentas tras la asunción de esos 300 millones.

En el caso de la SAU, ha indicado que estaban pendientes del informe de valoración con la tasación del edificio de RTVV en Burjassot.

Sobre la red de transporte de la señal de RTVV, que utilizan servicios como el 112, ha indicado que el objetivo es que la Generalitat asuma su titularidad y mantenimiento, mientras que ha reivindicado el "gran celo" en que se mantenga "lo mejor posible" el archivo audiovisual.

Cervantes ha afirmado que el Tribunal Superior de Justicia valenciano "ha estado en la sede" de RTVV y "no tienen ningún reparo" a la actuación de los liquidadores, igual que la Fiscalía Anticorrupción, y ha indicado que si ellos conocieran alguna irregularidad la llevarían a la justicia.

Sobre el desmantelamiento de RTVV, en estos momentos no se ha preparado ninguna subasta de venta, y se empezó por las instalaciones de Ràdio Nou en Valencia porque era "más fácil" debido a su "proximidad" para "acopiarlo todo" en el centro de Burjassot, según el liquidador Carlos Pérez Marsá.

Josep Moreno (PSPV) ha indicado que los archivos donde están todos los contratos que demuestran el "saqueo" en RTVV no están custodiados por nadie y ha lamentado que los liquidadores no hayan cifrado el coste actual del cierre.

Enric Morera (Compromís) e Ignacio Blanco (EU) han dicho que desharán todo lo realizado para tener una RTVV pública, de calidad, "sin corrupción" y en valenciano.

El presidente del comité de empresa de RTVV, Vicent Mifsud, ha indicado que los contratos con Triskel y el Villarreal pueden equivaler al salario de 300 trabajadores durante un año, por lo que si se hubieran controlado las irregularidades antes del cierre hoy la cadena podría seguir abierta.