Condenados a nueve años de cárcel los responsables del Grupo Mirador por fraude a Hacienda y falsedad documental
La sentencia considera probado que , en el año 2003, falsificaron facturas entre empresas del Grupo Mirador y con terceros para dejar de pagar cadi 2,7 millones de euros al erario público en concepto de impuesto de sociedades e IVA
Los hermanos Faura ya cumplen una condena de cuatro años de cárcel, cada uno de los hermanos, por un delito continuado de apropiación indebida por quedarse con 400 mil euros que una docena de propietarios dieron para comprar una vivienda que nunca les fue entregada.
Nueva condena para los responsables del Grupo Mirador. Los hermanos Enrique y Leopoldo Faura han sido sentenciados a nueve años de cárcel por varios delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública por los que deberán pagar, además, multas e indemnizaciones que rozan los siete millones de euros.
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La sentencia del juzgado de lo penal número 5 considera probado que los hermanos Faura, como responsables y administradores de varias empresas del Grupo Mirador realizaron transacciones de efectivo, ventas y compras ficticias de inmuebles y otros bienes y cargos inexistentes entre sociedades del conglomerado y con terceros, entre ellos la promotora Aifos, para eludir, en el año 2003 el pago de 1,7 millones de euros a Hacienda por el impuesto de sociedades y casi un millón de euros por el IVA.
Un comportamiento que resume la sala en su fallo asegurando que, de las pruebas, cabe deducir, necesariamente, una maquinación intencionada para defraudar a la Hacienda Pública a través de facturas falsas.
La sentencia condena a Enrique y Leopoldo Faura por dos delitos contra la hacienda pública en concurso con el de falsedad documental. A Enrique Faura le impone una pena de 5 años de prisión, a su hermano Leopoldo a 4 años de cárcel. Entre multas y pagos a Hacienda deberán abonar cerca de 7 millones de euros.
Los hermanos Faura ya se encuentran en prisión tras ser condenados, el pasado mes de enero, por el Supremo a un total de ocho años de cárcel como responsables de un delito de apropiación indebida por quedarse con 400 mil euros que una docena de propietarios pagaron por viviendas que nunca se construyeron en Vélez Málaga.
