La Fiscalía pide prisión para dos cargos designados por Madrazo cuando era consejero
Según el auto de calificación sobre la Cámara de la Propiedad al que hemos tenido acceso en Radio Bilbao, solicita además la apertura de juicio oral
La Fiscalía de Bizkaia considera que Txema Gonzalo, ex delegado en Bizkaia del Departamento de Vivienda, incurrió en dos delitos continuados de prevaricación y malversación. De este último delito se le acusa también a Jon Alonso, contratado por Gonzalo para hacer la gestión administrativa del proceso.
Según el auto de calificación de la Fiscalía de Bizkaia fechado el pasado 7 de octubre y al que hemos tenido acceso, se confirman las irregularidades en la liquidación de la Cámara de la Propiedad. En un auto de ocho folios, la Fiscalía concluye que Txema Gonzalo, designado delegado del Departamento de Vivienda en Bizkaia en 2006, actuó al margen de las competencias asumidas en lo referente a esta liquidación. Para empezar reconoce que efectuó en 2006 la contratación de hasta seis personas, una de ellas Jon Gonzalo. Mantiene que "transfirió 106.653 euros desde la cuenta de la Cámara de la Propiedad a la cuenta de Jon Alonso" en ingresos sucesivos desde el 23 de junio de 2008 hasta el 8 de julio de 2009. Asegura que Gonzalo, con el mismo ánimo lucrativo, "transfirió desde la misma cuenta a la de una asociación de la que era administrador 420.000 euros" también entre 2008 y 2009 y pagó con cargo a la Cámara de la Propiedad gastos por importe de 34.681 euros, además de compras destinadas a la rehabilitación del edificio, adquisición del mobiliario y enseres incurriendo "en unos gastos totales de 1.815.584 euros "ajenos a su proceso de liquidación y actuando el acusado al margen de los órganos competentes para estas contrataciones y de cualquier procedimiento admnistrativo".
Según la Fiscalía de Bizkaia, estos hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación y un delito de malversación sobre el que Txema Gonzalo responde en calidad de autor de ambos y Jon Alonso como cooperador necesario del delito continuado de malversación. Por ello la Fiscalía considera que procede imponer a Gonzalo la pena de 5 años y 9 meses, además de inhabilitación absoluta por 9 años y 6 meses por malversación. Por el delito continuado de prevaricación, considera que procede la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años. Para Jon Alonso, por malversación, solicita 4 años y 9 meses de prisión, además de inhabilitación absoluta por 8 años y 6 meses. En concepto de responsabilidad civil solicita la indemnización por una cantidad de 471.645 euros.
La Fiscalía incluye la solicitud del interrogatorio de los acusados, pruebas documentales, la solicitud de expedientes y la declaraciones de varios testigos. Pide la apertura de juicio oral.
