CC.OO se querella contra Coca Cola por vulnerar el derecho de huelga

Comisiones Obreras ha basado su querella en los informes de la Inspección de Trabajo y en la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulo el ERE presentado por la empresa

La querella se ha presentado contra dos directivos de Coca Cola Iberian Partners (CCIP): Sol Daurella i Comadrán, Presidenta Ejecutiva de CCIP y Víctor Rufart García, Director General de la empresa. Comisiones Obreras basa su querella en los informes de la Inspección de Trabajo y en la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulo el ERE de Coca Cola. Según el sindicato, en los dos casos queda demostrado que la empresa contrató externamente la producción y distribución a otras plantas embotelladoras cuando se inició la huelga y se cerró la planta de Casbega en Fuenlabrada. Según Comisiones tanto la inspección como la Audiencia constatan una práctica de 'esquirolaje' que vulnera el derecho constitucional de huelga tipificado como delito en el Código Penal. El artículo 315 contempla penas de prisión entre seis meses y tres años y multa de seis a doce meses para los que 'mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga'.

Francisco López, Secretario de Política Sindical de Comisiones Obreras cree que existen más que indicios suficientes para conseguir una sentencia condenatoria. En su opinión, 'ya es hora de que en este país no sólo los sindicalistas entren en la cárcel por haber participado en los conflictos de las huelgas, sino que los empresarios empiecen a pagar por vulnerar derechos fundamentales y , por lo tanto, este sindicato va a llegar hasta el final porque queremos que haya una sentencia condenatoria'. El Secretario General de CC.OO-Madrid, Jaime Cedrún, ha comentado que no se explica cómo la fiscalía ha abierto causas a cerca de 300 sindicalistas por participar en los piquetes informativos de las huelgas y no haya hecho lo mismo contra los empresarios de Coca Cola cuando una sentencia de la Audiencia Nacional constata que vulneró el derecho constitucional de huelga y así lo avalan también los informes de la Inspección de Trabajo.