El CIE de Aluche violó los derechos de los internos en la crisis del ébola

Madrid

El juez es claro, cree que la DIGNIDAD (en mayúsculas y subrayado) de los internos ha sido vulnerada y que la policía se ha comportado con una arbitrariedad "inadmisible" e "innecesaria" al decidir mantenerlos encerrados, y no darles ni el desayuno ni la comida.

SOS Racismo y Ferrocarril Clandestino denunciaron que el pasado 1 de octubre los internos del CIE de Aluche no pudieron salir de sus celdas desde la noche anterior hasta las 7 de la tarde, por un posible caso de ébola. "Fueron privados de las actividades diarias establecidas como alimento (no recibieron desayuno ni almuerzo), recibir visitas y actividades recreativas. Todo ello, sin recibir información alguna de los motivos de esta situación", continúa la queja y añaden que "según testimonios de internos, la policía porta mascarillas en el interior del centro, que no son facilitadas a las personas recluidas".

Este auto al que ha tenido acceso la Cadena SER no se basa sólo en las denuncias de las ONG, también en el análisis de un informe policial, y condena la decisión de la dirección del CIE. "Bajo ningún concepto un protocolo policial es norma jurídica, y que bajo ningún concepto un protocolo policial se pueden violar los Derechos Fundamentales de los internos y mucho menos atacar a la dignidad de las personas internas", escribe el magistrado.

La justicia requiere que se "respete el derecho de los internos a recibir los alimentos diarios". En caso de que se produzca una situación excepcional, como la ocurrida, añade que se les debería dar de comer en sus habitaciones.

Según el juez "no se puede utilizar como pretexto la hipótesis de que un interno pudiese eventualmente estar afectado de la infección del virus del ébola" para atacar la dignidad de los internos y "tratarles como mercancías y objetos almacenables".

El auto continúa explicando que "no entender el significado de la Dignidad del ser humano, de su relevancia, alcance y necesidad de preservarla constituye un preocupante y gravísimo desconocimiento por parte de los Agentes de Policía y sus mandos".

Se muestra muy crítico con que no se les explique a los inmigrantes por qué se encuentran encerrados: "Las personas internadas tenían el derecho básico y elemental a ser informados de la razón y causa por la que se les privaba de las actividades diarias", añade que sin información se produce un "ejercicio de arbitrariedad policial".

Sobre todo, si hay una sospecha de enfermedad contagiosa la dirección del centro "tiene la obligación de informar a todas las personas internadas", y que si se repartieron mascarillas entre los agentes de policía debería haberse hecho lo mismo entre los internos.

El magistrado recuerda a la dirección que el centro no tiene una clínica médica "merecedora de tal nombre", y le obliga, dado que no cabe ningún tipo de recurso a esta resolución, a mantener siempre dos habitaciones vacías para posibles pacientes.

Sobre este auto, el Ministerio del Interior ha explicado que respetan las decisiones jurídicas y que está elaborando un informe en el que va a analizar los extremos de esta resolución.