Un juez acusa al exalcalde de Serranillos de intentar quitar una multa a su suegro

Madrid

El exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, se encuentra en prisión a la espera de reunir los 60.000 euros que el juez Velasco le impuso como fianza, pero la ‘operación Púnica’ no es su única cita con la justicia: un juez de Valdemoro ha pedido investigarle por intentar librar a su suegro de una multa de tráfico y una sanción administrativa que le impuso la Guardia Civil.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de febrero de este año: el padre de la pareja del exalcalde de Serranillos conducía por la A-42, carretera de Toledo, dirigiéndose hacia Torrejón de la Calzada, cuando fue parado por una pareja de guardias civiles. El asunto terminó ante la justicia, ya que los agentes le impusieron una multa y una sanción administrativa por una falta de alteración del orden, y el multado denunció al guardia civil por, supuestamente, haberle insultado y menospreciado.

Algo que desestimó la justicia el 16 de octubre, concretamente el juzgado de instrucción número 2 de Valdemoro, por entender que no queda ni mucho menos probado que el agente del instituto armado le faltase al respeto, otorgando más credibilidad a la opción contraria, que fuera el denunciante el que hiciera eso con el agente. Una sentencia que deja un recado al exalcalde de Serranillos del Valle, en el ojo del huracán de la ‘operación Púnica’ por supuestamente favorecer a empresarios en la concesión de contratos públicos: pide que sea investigado por si hubiera cometido algún delito al intentar interceder por su suegro para salvarle de la multa.

Es algo que el propio Antonio Sánchez reconoció haber hecho: durante el juicio, en el que compareció en calidad de testigo, reconoció que llamó por teléfono al alférez comandante de la Guardia Civil de la localidad de Serranillos, de la que por entonces todavía era alcalde, “con el fin de expresar a éste su malestar por los hechos ocurridos, informando al mismo tiempo de que iban a presentar una queja”. Algo que también recoge un informe emitido por el propio alférez, fechando esta llamada a las tres de la tarde del 20 de febrero.

Por esto, el juez que ha resuelto el asunto en torno al incidente de tráfico pide que tanto el testimonio de Sánchez durante el juicio como el informe del alférez sean remitidos al decanato para su reparto “por si pudiera haber cometido algún posible ilícito penal”.

La AUGC denuncia “tráfico de influencias”

Son unos hechos que ha denunciado este jueves la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que a través de un comunicado denuncian que “el espectro de desmanes es amplio y van desde la red clientelar de adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones, como la destapada en Madrid por la Operación Púnica, hasta anular una multa al amigo o familiar de un cargo público”. Pone sobre la mesa la asociación tanto el caso de Serranillos del Valle, como otro que involucraría al alcalde de Buitrago de Lozoya: denuncian que un agente fue sancionado con cuatro días de suspensión de empleo y sueldo por multar al alcalde de esta localidad “por no aprovechar el espacio para estacionar”. Recuerda la asociación que “los guardias civiles no pueden hacer distinciones entre los ciudadanos a la hora de sancionar, pues se aplica el principio de igualdad ante la Ley”.

Son ideas que explica Francisco Cecilia, secretario general de AUGC en Madrid: “Es una pena pero desgraciadamente nos encontramos con estas situaciones, los guardias civiles actuamos siempre con el principio de igualdad, aquí no hay cargo que valga, es para unos y para otros. Lo que no se puede hacer es que personas que ostenten este tipo de cargos lo usen en beneficio propio”. Entiende que el mensaje que intentó transmitir el entonces regidor de Serranillos fue que “o lo haces o vas a tener un problema”.