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Martes, 15 de Octubre de 2019

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La Fiscalía pide dos años de prisión para Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo

También solicita cárcel para el que fuera asesor del gobierno de Monteseirín, Domingo Enrique Castaño por la venta de suelos de Mercasevilla

La Fiscalía de Sevilla ha presentado su escrito de acusación por la supuesta venta irregular de los terrenos de Mercasevilla a Sanma, una filial de la empresa Sando. Un concurso público que, supuestamente, perjudicó al Ayuntamiento de Sevilla, porque dejó fuera a empresas que ofertaban más dinero al consistorio.

El fiscal solicita dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para ocupar cargo público para los ex concejales de Izquierda Unida y el Psoe, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo; también para al ex asesor del grupo socialista, Domingo Enrique Castaño; para la funcionaria, Victoria Bustamante, para el economista José Antonio Ripollés y para el vicesecretario del consejo de administración de Mercasevilla, Jorge Piñero.

La Fiscalía de Sevilla también pide dos años de prisión y 17 de inhabilitación para Fernando Mellet, ex director General de Mercasevilla. Y solicitia dos años de cárcel para los dueños de Sando, Luis Sánchez Manzano, Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró Morales.

El Ministerio Público deja fuera a los imputados y ex gerentes de Urbanismo, Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, y también al subdirector de Mercasevilla, Daniel Ponce.

La Fiscalía expliqua que, en el año 2003, Mercasevilla, para aliviar su complicada situación económica, suscribió un derecho de superficie con la empresa Larena 98. Meses después, esta sociedad dejó de pagar el alquiler, por un supuesto incumplimiento de contrato, porque el Ayuntamiento no le otorgaba la licencia de obra y porque las parcelas carecían de suministro de luz, e interpuso un pleito contra Mercasevilla.

Fernando Mellet, como responsable de Mercasevilla y el asesor del alcalde, Domingo Enrique Castaño, según el escrito del fiscal, contactaron con Sando y pactaron, supuestamente, que la empresa malagueña se haría cargo de la reclamación económica de Larena por este incumplimiento de contrato a cambio de quedarse con los terrenos.

Fue así como Mercasevilla decidió convocar un concurso público, supuestamente hecho a la medida de Sando, para que esta empresa fuera la adjucataria de esos terrenos. Según el fiscal, los acusados Jorge Piñero, Victoria Bustamante y el economistas externo José Antonio Ripollés, "confeccionaron un pliego a la medida de los intereses de Sando". En las cláusulas del pliego se introdujeron dos condiciones que tenían como fin, supuestamente, favorecer a Sando. La primera, penalizaba las ofertas económicas que excedieran en más de un 10 por ciento la media de todas las ofertas. La segunda cláusula fue "la de titularidad previa" que otorgaba puntuación a quienes tuvieran algún derecho sobre estos terrenos que salían a concurso. Sando, recordamos, era titular del derecho de superficie porque se lo había comprado a Larena para evitar el pleito que habían planteado contra el ayuntamiento.

Sando ofreció 106 millones de euros por el suelo, 50 millones menos que los que ofrecía la inmobiliaria Noga. En febrero de 2006, a través de este concurso público supuestamente amañando, Sando se hizo con los suelos de Mercasevilla.

El fiscal, en este escrito de acusación, solicita que se declare nulo el concurso y el posterior contrato de opción de compra que firmaron Mercasevilla y Sando.

El Partido Popular, que ejerce la acusación, presentará también en unos días su escrito de calificación. Cuando presenten sus escritos las defensas, la jueza Mercedes Alaya dictará auto de apertura de juicio oral, aunque todavía hay pendientes distintos recursos interpuestos por las partes desde hace meses, pero que se han tramitado en los últimos días.

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