León de la Riva deberá convocar el pleno extraordinario

Valladolid

   El próximo escenario del debate sobre el "caso Zambrana" será el pleno extraordinario que deberá convocar el alcalde de Valladolid tras la solicitud presentada por los socialistas.

   Oscar Puente y  Javier  Izquierdo acusan al alcalde de “un nuevo ejercicio de dontancredismo", por su pasividad e inmovilismo ante la gravedad  la sentencia que obliga al pago de 21 millones de euros, "una catástrofe para las arcas municipales", según el portavoz del Grupo Municipal Socialista.

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    Además, los sindicatos UGT y CCOO criticaron a Javier León  de la Riva no solo por la falta de responsabilidad política, sino porque "criminaliza" a los empleados públicos.   

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No hay tregua en la política municipal. A las polémicas sobre proyectos frustrados (Pingüinos 2015) se suman las reacciones por el goteo de sentencias y resoluciones judiciales. Un día después de conocer que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valladolid desaconsejan recurrir la caducidad de la  sanción de 1,2 millones de euros impuesta al  arquitecto responsable del derribo de las fachadas protegidas de la calle Labradores, se produjo un aluvión de valoraciones sobre el "caso Zambrana", que obliga al pago de 21 millones de euros a los propietarios de la finca de cinco hectáreas. 

En esta ocasión el Ayuntamiento no tiene salida; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma, sin posibilidad de apelación, que los herederos deben cobrar el dinero acordado el 21 de junio de 2012 por la Comisión Territorial de Valoración, un justiprecio al que no se opuso la Administración Local. 

Incluso el alcalde de Valladolid, siempre partidario de recurrir las resoluciones judiciales contrarias, en esta ocasión admitió que "habrá que pagar", aunque expresó su intención de "sentarse a negociar un calendario de pago" con los propietarios. 

Y lejos de admitir responsabilidades políticas, Javier León de la Riva culpó a los funcionarios -"el técnico", según su expresión- del resultado del proceso judicial. En consecuencia, anunció un expediente informativo. El regidor vallisoletano mostró su extrañeza por la singularidad de esta sentencia, al tiempo que recordó el periodo de su antecesor, el socialista Tomás Rodríguez Bolaños: "No es por echar balones fuera, pero yo llevo pagando indemnizaciones de las expropiaciones del alcalde Bolaños en el Camino del Cabildo de 10 ó 12 millones de euros", aunque precisó que el motivo fue una valoración muy baja". 

Pleno extraordinario para pedir dimisiones

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Oscar Puente, solicitará un pleno extraordinario en el que justificará una cadena de dimisiones: Javier León de la Riva, Cristina Vidal, Manuel Sánchez... Al alcalde también se dirige Izquierda Unida al apuntar la responsabilidad en este caso. Puente calificó de "indignante e indecente" el "estado" del Ayuntamiento, y lamentó que "nunca sea culpa de quien tiene toda la culpa", en alusión a León de la Riva.

Aunque el alcalde respondió -"Yo paso olímpicamente de estos temas", respondió en rueda de prensa-  PSOE e IU consideran que la situación cada día es más insostenible. 

Izquierda Unida, además, emitió después un comunicad para lamentar que el alcalde eluda cualquier tipo de responsabilidad propia "cargándola sistemáticamente sobre los técnicos".  La formación liderada por Manuel Saravia presentará en el próximo pleno una moción en defensa de los trabajadores municipales. IU considera ilógico que ahora el alcalde intente culpar a los funcionarios cuando en la comisión de investigación  sobre este asunto no se dedujo en ningún momento esta conclusión. 

La Federación de Asociaciones de Vecinos y la Asociación Cultural Ciudad Sostenible también valoraron de forma muy negativa la dimensión de esta noticia, recordando que el dinero "lo pagamos todos y cada uno de los ciudadanos".   Susana Ordóñez reclamó "decencia" ante la conducta "impúdica" de León de la Riva, especialmente en los temas vinculados al urbanismo.

Representantes de la familia se mostraron reconfortados porque la sentencia "nos da la razón", aunque eludieron realizar más declaraciones públicas. Se limitaron a subrayar la sensación "agridulce" porque han tenido que demostrar en los tribunales que la propiedad tiene un valor. Diez meses después de conocer la primera resolución judicial favorable, la valoración de los herederos sigue vigente.

La primera sentencia que obligó al pago de 20 millones de euros fue desvelada por la Cadena SER el 28 de enero de 2014. Al día siguiente, el alcalde anunció la creación de una comisión de investigación, que concluyó en mayo sin consenso entre PP, PSOE e IU.