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Lunes, 27 de Enero de 2020

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Un juez rechaza responsabilizar de las preferentes a trabajadores del banco

Un juzgado de Madrid archiva una causa penal por venta de preferentes a un anciano y rechaza que los trabajadores de Caja Madrid sean responsabilizados

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Los trabajadores de los bancos sólo cumplían órdenes, y por tanto no tienen ninguna responsabilidad penal en la venta de preferentes. Son las conclusiones que esgrime un juez de Madrid para archivar un caso penal en el que tres trabajadores de Caja Madrid estaban imputados por adjudicar 18.000 euros en participaciones preferentes a un octogenario y su mujer enferma de Alzheimer: entiende el juez que no se les puede acusar de estafar al anciano ya que los hasta ahora acusados son “meros trabajadores de la entidad que se dedicaron a comercializar las preferentes como producto de la entidad sin tener capacidad decisoria, sin obtener incentivos y siendo un producto que en dicha época era legal y validado por el propio Banco de España”.

Asegura también el auto que no existe engaño, ya que “se ofreció un producto con alta rentabilidad y se le entregaron los documentos que exponían los riesgos”, añadiendo que el único problema fue que como consecuencia del hundimiento de Bankia “se generó una situación de pérdida de valor de las preferentes” que los trabajadores no tenían que conocer, como tampoco conocían el estado real de las cuentas. Eso, dice el auto, sólo lo sabían los altos directivos, y ellos “cumplían con su obligación laboral” al venderlas. También rechaza que incurriesen en delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y administración desleal.

Destaca también el juez que incluso empleados y directores de sucursales vendieron preferentes a sus propios familiares. En este caso particular, habla de una posible falta de información que podría dar origen a un proceso civil de reclamación de cantidad. Remite el juez de Plaza de Castilla a la Audiencia Nacional, donde recuerda que existe una causa abierta “contra los directivos de Bankia a fin de determinar su responsabilidad respecto de posibles delitos en la comercialización de preferentes”:

Se trata de un procedimiento judicial que arrancó en abril de 2013, con la admisión a trámite de la querella criminal presentada por el anciano después de que la Fiscalía instase su archivo. Tres trabajadores de la sucursal de Caja Madrid del madrileño barrio de Moratalaz habían sido imputados por distintos delitos, al haber participado supuestamente en la adjudicación de preferentes a este matrimonio de personas mayores, la mujer fallecida poco después víctima del Alzheimer. Durante los interrogatorios, uno de ellos reconoció que la venta de preferentes era algo que “venía de arriba”.

Luz verde a denunciar al anciano

Es el mismo proceso judicial en el que dos de estos trabajadores de la actual Bankia pidieron proceder contra el anciano denunciante por entender que había actuado de mala fe al denunciar que la firma de su esposa en los contratos había sido falsificada, cuando los informes periciales demostraron lo contrario. Sobre este aspecto asegura el juez que los trabajadores están facultados para querellarse contra el anciano “si lo considera conveniente”.

Se trata de una decisión recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid.

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