Las abogadas denuncian trato vejatorio por obligarles a quitarse el sujetador en la prisión Las Palmas II

Las Palmas de Gran Canaria

Las letradas de la prisión Las Palmas II han denunciado lo que consideran un trato vejatorio por parte de la seguridad del centro penintenciario al obligarles a quitarse el sujetador en sus visitas para asistir jurídicamente a los internos. Según la abogada, Rosa de León, hay varias compañeras que han tenido que desprenderse de esta prenda para poder acceder al centro, algo que no sucede con otros miembros del poder judicial ni tampoco con otros compañeros letrados, y eso que a pesar de que en las visitas con sus clientes no existe contacto físico.

La letrada, que puso en conocimiento del colegio de abogados de Las Palmas los hechos sin respuesta de momento, no descarta que esta situación se repita en otros centros penitenciarios de las islas y anima a sus compañeras a que denuncia este situación degradante para las abogadas.

Las letradas no solo han tenido que quitarse el sujetador desde hace un año -cuando una empresa de seguridad sustituyó a la Guardia Civil en sus funciones de control de acceso-, aparte de los zapatos y otros complementos para pasar el arco de metales, sino que sufren un humillante trato discriminatorio frente a otras trabajadores judiciales.

Y es que el protocolo de seguridad de la prisión, disponible en la web de Instituciones Penitenciarias, señala en un comunicado, establece en su punto 3.1.1 que “todas las personas que tengan autorizado el acceso al interior del Establecimiento serán invitadas, con la mayor corrección, a pasar el control del arco detector de metales, excepto los Magistrados, Jueces y Funcionarios del Ministerio Fiscal que visiten el Centro en el ejercicio de sus funciones, así como los funcionarios y personal laboral adscritos al Centro y aquellas autoridades que vayan acompañadas por algún mando del Establecimiento”.

“Abogados por el cambio” valora que el Colegio anuncie ahora que tratará el tema, aunque solo sea por la presentación de candidaturas alternativas y, sobre todo, un programa que apunta a la dignidad del abogado también en la comisaría, donde el Colegio sigue sin hacer nada