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Lunes, 14 de Octubre de 2019

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La Audiencia anula el auto que ordenó el final de la investigación en los suelos de Mercasevilla

La jueza Alaya ordenó practicar pruebas una vez dictado el auto de PROA, cosa que prohibe la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La magistrada tiene que dictar otro y volver a dar traslado a las partes

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La Audiencia vuelve a corregir a Mercedes Alaya. La Sección Primera atiende al recurso del fiscal y declara la nulidad del auto de conversión en procedimiento abreviado de la macrocausa de la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a SANDO. Una nulidad que se produce cuando ya el fiscal y la acusación particular han pedido el procesamiento de los exconcejales del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo. Alaya tendrá que dictar otro auto y las partes tendrán que repetir sus escritos. Lo que supone un poco más de retraso en un procedimiento que dura cinco años y medio.

La Audiencia advierte a la magistrada que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite que se practiquen pruebas una vez que se ha dictado ese auto de PROA. Pero Alaya tomó declaración y solicitó documentos a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla después de dar por concluida la investigación.

Estas pruebas no son nulas pero la jueza tiene que desandar lo andado; o lo que es lo mismo, volver a dar traslado del auto a las partes y pedirles que vuelvan a calificar los hechos y a pedir penas o la absolución para los procesados.

La Fiscalía, recordamos, que solicitó dos años de prisión y ocho de inhabilitación por los supuestos delitos de fraude y exacciones ilegales para los exconcejales del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, y para Gonzalo Crespo, del Psoe; también para el exasesor del grupo socialista, Domingo Enrique Castaño; para la funcionaria Victoria Bustamante; para los dueños de la empresa malagueña SANDO; para el economista José Antonio Ripollés y para el vicesecretario del Merca, Jorge Piñero. Para el que era director de Mercasevilla, Fernando Mellet, además de los dos años de cárcel solicitó 17 de inhabilitación por prevaricación. El fiscal no acusó a los exgerentes de urbanismo que están imputados, ni a Manuel Marchena ni a Miguel Ángel Millán.

El Ministerio Público en un escrito, que volverá a repetir, sostiene que amañaron un concurso público para vender los terrenos de Mercasevilla a SANDO, que había evitado un pleito millonario al Ayuntamiento, al quedarse con los derechos que tenía sobre ese suelo otra empresa que había denunciado al consistorio.

Una vez que se vuelvan a repetir todos estos pasos, la jueza Alaya dictará auto de apertura de juicio oral.

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