Ortiz compara su caso con el de un acusado en falso de pertenecer a ETA
La defensa de Antonio Ortiz, el supuesto pederasta de Ciudad Lineal, pide la anulación de las ruedas de reconocimiento comparando su caso con un hombre que fue acusado en falso de pertenecer a la banda terrorista
Antonio Ortiz, acusado de perpetrar varios abusos a menores en el barrio de Ciudad Lineal
Madrid
La defensa del único acusado en el ‘caso Ciudad Lineal’ ha solicitado al juzgado que anule la validez de dos diligencias practicadas a lo largo de la instrucción: por un lado, las ruedas de reconocimiento, en las que varias niñas le señalaron como su agresor, y por otro el registro que realizó la policía en uno de sus pisos. Y para reforzar sus pretensiones, su defensa ha aportado una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): una sentencia de la justicia europea que en 2011 condenó a España a indemnizar a un hombre porque el gobernador civil de Guipúzkoa, en una rueda de prensa, le acusó públicamente de pertenecer a ETA cuando en realidad era inocente.
La defensa de Antonio Ortiz entiende que el caso que expone esta sentencia, (Lizaso Azconobieta contra España) es “casi exacto” a la rueda de prensa que ofreció el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, poco después de su detención en Santander: el indemnizado José Francisco Lizaso fue detenido por la Guardia Civil en Usurbil en junio de 1994 en una operación policial contra ETA, destinada a desmantelar el ‘comando Kirrulli’, al que se atribuían entre otros un atentado en un centro comercial en navidad de 1986. Unos días más tarde, el entonces gobernador civil de Guipúzkoa ofreció una rueda de prensa en la que identificó con nombre y apellidos a este hombre como miembro del comando de ETA: un día después, era dejado en libertad por orden del juez Baltasar Garzón tras tomarle declaración, sin que se formulase ninguna acusación contra él.
Según el único acusado por los abusos cometidos en el barrio de Ciudad Lineal, esta sentencia es de “aplicación indudable” a su procedimiento, alegando que el Ministro de Interior difundió la identidad de Ortiz, datos del domicilio así como “se ha hecho público por policía su aspecto físico por medio de la publicación de fotografías del mismo”, por lo que entiende que las ruedas de reconocimiento y sus resultados deben ser anulados. “Todo ello afecta a la validez de los reconocimientos de identidad practicados, puesto que las menores han podido conocer la identidad y cara de mi representado por medio de las fotografías publicadas. Tales testimonios están viciados por falta de fiabilidad, ya que las menores perjudicadas han podido conocer de manera harto sencilla el aspecto de mi representado antes de realizar las ruedas de reconocimiento”, señala el escrito. También se apoya en un comunicado de la asociación progresista Jueces para la Democracia.
Anulación del registro
El abogado de Ortiz acusa directamente a la policía de filtrar estos datos, solicitando también que se anule el resultado del registro practicado en una de las viviendas que supuestamente habría utilizado para abusar de las niñas. “El resultado de la instrucción es completamente contradictorio y es más que cuestionable la realidad del hallazgo de huellas dactilares en el interior del domicilio”, ya que según explica la declaración de una de las menores “pone en seria duda tal hecho”. Para la defensa, la niña por ejemplo afirmó que las puertas de la escalera del domicilio “son de color blanco” y son en realidad de color marrón.
Unos argumentos que la pasada semana fueron rebatidos por varios abogados de las acusaciones, por ejemplo Alberto Marcelino Sánchez, quien alegó que en este caso existía un "conjunto de pruebas" y no una sola diligencia.
