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Dudas sobre la legalidad de la normativa de los clubes de cannabis

El PP de San Sebastián ha pedido al Gobierno que no recurra la ordenanza municipal sobre los clubes de cannabis porque es de "carácter urbanístico"

El Delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, que es el que ha hecho la solicitud, ha explicado que podría tratarse de una invasión de competencias estatales en materia de seguridad ciudadana y de coordinación de la sanidad. También argumenta que “en España, sembrar, recolectar y distribuir sustancias fiscalizadas constituye un ilícito penal”. El caso es que la normativa donostiarra no dice nada de las sustancias que se distribuyen en esos clubes, tan sólo regula las distancias entre ellos, con centros escolares y de salud, y sus horarios. El concejal de Servicios Sociales, Jon Albizu, reconoció en su día que “desde el punto de vista jurídico, las posibilidades de regulación municipal eran reducidas, salvo desde el prisma urbanístico y la concesión de licencias de actividad”. Otra de las cuestiones que Babín ha querido dejar claro es que "en España está permitido bajo control de la Administración la comercialización de los principios activos de la planta del cannabis desde la perspectiva del tratamiento de determinadas dolencias". Ha considerado necesario "desmontar el famoso bulo del acceso al cannabis desde una perspectiva terapéutica". "Ahí funciona el Sistema Nacional de Salud", ha apostillado. Para producir y distribuir cannabis, mientras, hay que tener una autorización administrativa de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y, según Balbín, "ninguna de estas entidades -los clubes cannábicos- la tiene.

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También se ha mostrado seguro de la normativa el concejal de Bienestar Social, Jon Albizu, quien ha señalado en rueda de prensa que el equipo de Bildu "está tranquilo" ya que "no hay motivo de preocupación". Albizu ha recalcado que la norma es "legítima", ya que fue apoyada por todos los grupos con representación municipal, y "legal", porque cuenta con los informe jurídicos favorables. Según ha explicado, los objetivos de la ordenanza, que entró en vigor hace una semana, son el reconocimiento de derechos a los usuarios de clubes de cannabis, regular estos espacios mediante licencias para reducir molestias en el entorno y así como evitar riesgos a los usuarios. En este sentido ha remarcado que "se pretende regular una realidad" y "en ningún caso quiere fomentar o banalizar el uso del cannabis".

El Delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, que es el que ha hecho la solicitud, ha explicado que podría tratarse de una invasión de competencias estatales en materia de seguridad ciudadana y de coordinación de la sanidad. También argumenta que “en España, sembrar, recolectar y distribuir sustancias fiscalizadas constituye un ilícito penal”. El caso es que la normativa donostiarra no dice nada de las sustancias que se distribuyen en esos clubes, tan sólo regula las distancias entre ellos, con centros escolares y de salud, y sus horarios.

El concejal de Servicios Sociales, Jon Albizu, reconoció en su día que “desde el punto de vista jurídico, las posibilidades de regulación municipal eran reducidas, salvo desde el prisma urbanístico y la concesión de licencias de actividad”.

Otra de las cuestiones que Babín ha querido dejar claro es que "en España está permitido bajo control de la Administración la comercialización de los principios activos de la planta del cannabis desde la perspectiva del tratamiento de determinadas dolencias". Ha considerado necesario "desmontar el famoso bulo del acceso al cannabis desde una perspectiva terapéutica". "Ahí funciona el Sistema Nacional de Salud", ha apostillado. Para producir y distribuir cannabis, mientras, hay que tener una autorización administrativa de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y, según Balbín, "ninguna de estas entidades -los clubes cannábicos- la tiene.

 
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