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Viernes, 28 de Febrero de 2020

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Grau no se sentará en el banquillo

El juez Castro ha decidido finalmente no juzgar al vicealcalde de Valencia

El destino de Alfonso Grau también estaba en manos de la llamada “doctrina Botín”, que indica que no se puede sentar en el banquillo a quien sólo está acusado por las acciones populares y no por el ministerio público. Era el mismo caso que la Infanta Cristina pero en el caso de la hermana del Rey Castro sí que se ha decidido por el procesamiento.

A Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, le acusaban las dos acciones populares: Manos Limpias y el grupo socialista en el Ayuntamiento valenciano. Los socialistas pedían para él once años de prisión y treinta de inhabilitación por cuatro delitos: prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

Grau fue imputado en un primer momento a petición de la fiscalía que posteriormente retiró la imputación y el juez Castro le sacó de la lista de los imputados. Un auto de la Audiencia de Palma obligó a Castro a volverlo a imputar. Pocos días después el juez y el fiscal se desplazaban a Valencia para tomar declaración a una docena de testigos propuestos por el propio vicealcalde para garantizar que no se produjera indefensión y que Grau tuviera la misma situación que el resto de imputados.

Aquello acabó con una amenaza de nueva querella después de que varios testigos afirmaran ante Castro que fueron aleccionados previamente. Asunto que podría acabar en un juzgado de Valencia.

LOS OTROS IMPUTADOS VALENCIANOS

Son el ex secretario autonómico de grandes proyectos, Luis Lobón; el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela; y Elisa Maldonado, ex directora de gestión de esa entidad, para quienes el fiscal pide ocho años de prisión y el ex director general del complejo, José Manuel Aguilar, para quien pide seis.

Todos ellos habrían participado en los contratos con el Instituto Nóos para la celebración de tres ediciones de los Congresos Valencia Summit que reportaron 3’6 millones de euros al conglomerado liderado por Iñaki Urdangarín y Diego Torres. El fiscal les atribuye delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración.

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