Más de mil comercios sevillanos al borde del cierre por el fin de la renta antigua
Hay locales a los que se les subirá un 200% el alquiler. “Es muy triste que comercios centenarios se vean abocados al cierre”, lamenta Tomás González, presidente de la confederación
Los comerciantes, ante el fin de la renta antigua
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Sevilla
Más de mil comercios de Sevilla capital han pedido ayuda a abogados de la plataforma de afectados por el fin de la renta antigua para salvar su negocio del cierre. A partir del 1 de enero de 2015 se extingue esta renta y tienen que adaptar el alquiler al precio del mercado; a veces incluso superándolo. Estos comerciantes tratan de negociar ‘in extremis’ con los propietarios un arrendamiento que les permita continuar en el centro histórico; el problema es que en muchos casos están viendo que el alquiler se les duplica, triplica o se multiplica de forma inasumible.
Según la plataforma de afectados por el fin de la renta antigua en Andalucía, hay casos en los que los comercios pasarán de pagar de 900 euros al mes a 20.000 euros; esto pasa sobre todo en calles comerciales.
“Es muy triste que comercios centenarios se vean abocados al cierre”, lamenta Tomás González, presidente de Aprocom, la confederación del comercio de Sevilla, que recrimina a los políticos la poca sensibilidad con el sector y el comercio tradicional “que es patrimonio de todos”.
La ley de arrendamiento urbanos de 1985 fijaba que, en un plazo de diez años, debían desaparecer ese tipo de arrendamientos.
Pero debido a la crisis del 94 se aprobó una nueva ley de arrendamientos que daba una nueva moratoria de 20 años que cumple en enero de 2015, ha recordado Reyna.
Piden una moratoria de 10 años
Ahora los integrantes de la Plataforma demandan 10 años más y ofrecen a cambio, para no perjudicar a los propietarios, que se les suba sus alquileres un 30% desde primeros del año que viene.
La plataforma asegura que si no hay negociación, el mínimo para estos locales es pagar a partir del 1 de enero el doble del precio actual.
Otro problema es que en algunos casos la propiedad de los establecimientos es de grandes familias o de "fondos buitre" de inversión que se pueden permitir echar al arrendatario y estar un año sin volver a alquilarlo para no tener que indemnizarlo.
