Pacto en Andalucía para frenar la reforma de la enseñanza universitaria
La presidenta de la Junta y los rectores alcanzan un acuerdo “razonable”
Con acuerdo ha terminado la reunión entre la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Diaz, y los 10 rectores de las universidades públicas en Andalucía. Para el portavoz de los rectores, el responsable de la universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, el pacto alcanzado entre ambas partes es “muy razonable, de sentido común y de responsabilidad.”. Añadió, tras el encuentro, que Susana Diaz "apoya la decisión de la moratoria, la actual estructura de los grados de 4 años que existen y su financiación”, aseguró Mazo.
Los rectores defienden una "moratoria activa" hasta 2017 al considerar que permitirá "reflexionar, evaluar y mejorar el sistema si fuese necesario", y han recordado que las universidades están ahora haciendo las primeras evaluaciones de los actuales grados para dilucidar si estaban o no bien confeccionados.
"Ahora lo que necesitan las universidades es estabilidad y no generar incertidumbre y confusión entre los alumnos y sus padres, como supone la reforma del sistema", ha indicado el rector de la Universidad de Cádiz.
Fabricio Saquilan, presidente de la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes (CARE), ha mostrado el "gran rechazo" de este colectivo por la forma "autoritaria" con la que actúa el Ministerio, al que ha acusado de tomar decisiones "de espaldas" a la comunidad universitaria. "Aplicar la reforma supondrá dejar miles de universitarios con menos recursos fuera del sistema por elevado precio de los másteres respecto a los grados y por la falta de becas y ayudas", ha denunciado. También ha dejado claro que , “después de los exámenes” volverán las manifestaciones y protestas a la calle para rechazar la última reforma .
De hecho, el Sindicato de Estudiantes (SE) ha anunciado la convocatoria de una huelga del alumnado los días 25 y 26 de este mes en institutos y universidades.
Por su parte, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha denunciado que la reforma universitaria supone un "ataque frontal" al principio de igualdad de oportunidades y "un nuevo recorte en el gasto público" universitario, que ha cifrado en más de 850 millones de euros.
