Dimite el concejal de Rincón de la Victoria implicado en el caso "Edu"
Ha pedido también la suspensión temporal de militancia. Manuel Sánchez había quedado en libertad con cargos tras reconocer que se puso un sueldo en el curso de pinche de cocina por el que facturó 60.000 euros
Málaga
El concejal de Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Manuel Sánchez, del PP, ha presentado su dimisión este miércoles del cargo y ha comunicado al alcalde, Francisco Salado, su renuncia al acta de edil, después de prestar declaración, en calidad de implicado, en la segunda fase de la operación Edu, que investiga un supuesto fraude masivo en cursos de formación para desempleados pagados por la Junta de Andalucía, y quedar en libertad con cargos. Sánchez ha pedido además la baja en el Partido Popular hasta que se aclare lo ocurrido en este asunto.
El edil impartió en 2010, antes de ser concejal, un curso de formación para quince desempleados, de ayudante de cocina, en su restaurante de Torre de Benagalbón. Recibió una subvención de algo más de 60.000 euros de la Junta de Andalucía. Ya ha cobrado el 75% y la Administración andaluza le ha comunicado que de los 15.000 euros restantes, sólo le va a pagar 5.700 euros, porque no se cumplieron los objetivos de inserción laboral.
El concejal reconoció este miércolaes que tanto él como su hijo se pusieron un sueldo -él como administrador del curso de pinche de cocina-. Su hijo, actual administrador de la empresa Turísticas del Rincón, también salió con cargos de la declaración policial.
Sánchez es uno de los implicado en esta segunda fase de la Operación “Edu” en la que se investigan las supuestas irregularidades que una decena de empresas de la provincia de Málaga podrían haber cometido, por valor de dos millones de euros, en la gestión de cursos de formación para desempleados en una convocatoria de la Junta de Andalucía de noviembre de 2010.
Declaraciones primera fase
El juzgado que instruye el caso EDU comenzará en abril a tomar declaración a los imputados en la primera fase de la Operación cuando se haya cumplido un año de las primeras detenciones policiales.
Cincuenta personas entre los que se incluyen varios funcionarios y responsables políticos de la Junta de Andalucía.
Una fase de declaraciones que se prolongará varios meses. Entre los citados a declarar como imputados estaría el ex delegado de empleo en Málaga, Juan Carlos Lomeña, amén de varios funcionarios que se encargaban de tramitar las subvenciones.
En concreto esta primera fase, iniciada a mediados del pasado año, investiga las supuestas irregularidades en las subvenciones para cursos de formación con compromiso de contratación que habrían cometido un total de 17 empresas por casi dos millones de euros.
Un caso que lleva el juzgado de instrucción 8 de Málaga. Las declaraciones comenzarán el próximo 17 de abril.
Un asunto que comenzó a investigar la fiscalía de Málaga y la Policía Nacional en mayo de 2013 a raíz de un informe de la Unidad adscrita a la Seguridad Social que detectó las primeras irregularidades.
El pasado mes de junio la fiscalía de Málaga remitió el caso al juzgado. En su informe el Ministerio Público señala que se podrían haber cometido, en ese asunto, los delitos de estafa, falsedad, fraude pero, también, los de prevaricación y tráfico de influencias.
Pedía en el documento que se citara como imputados a los responsables políticos y funcionarios que participaron en la concesión de estos fondos y a los responsables de las 17 empresas beneficiarias en las que se han detectado irregularidades que , junto al incumplimiento generalizado del compromiso de contratación, están la práctica de la caza de subvenciones por parte de algunas sociedades o la falta de solvencia y experiencia de algunas de las empresas y particulares que recibieron estas ayudas públicas y la absoluta falta de control en la ejecución de estos cursos que se llevaron a cabo en empresas de la capital malagueña, Fuengirola, Vélez Málaga, Estepona, Antequera o Ronda.
