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La Junta alerta de que la reforma del aborto pone en riesgo a las menores

La consejera de Salud considera injusta la norma y un grave error y asegura que puede abocar a las adolescentes a abortos clandestinos

María José Sánchez Rubio

María José Sánchez Rubio

Sevilla

La Junta de Andalucía rechaza la reforma de la ley del aborto presentada por el PP, que obligará a las menores de 16 y 17 años a tener el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo; de lo contrario, deberán acudir a un juez.

La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, considera un grave error la modificación legislativa, la califica de "injusta" y advierte de que pone en riesgo a un colectivo de menores que están en una situación de vulnerabilidad, por tener problemas familiares, vivir en entornos de violencia o estar en una situación de desamparo.

La Junta recuerda que el 92% de las menores que interrumpieron su embarazo fueron acompañadas de sus padres o tutores, es una proporción mayor que la media nacional, del 87%.

Las clínicas cifran en un centenar las mujeres que pueden verse desprotegidas. Eva Rodríguez, vicepresidenta de la asociación de clínicas acreditadas para practicar abortos (ACAI), asegura que menos del 10% de las menores de 16 y 17 años que abortan en la comunidad no informan a sus padres. Se trata de mujeres que viven en entornos de violencia familiar, sufren situaciones de desarraigo o son inmigrantes en desamparo. La asociación considera "tremendamente dañina" la reforma para este colectivo.

La modificación de la ley propone la derogación del artículo 13 apartado 4, un artículo que establece que las mujeres de 16 y 17 años tienen que informar al menos a uno de los progenitores si deciden interrumpir su embarazo, salvo en los casos en los que se den determinadas circunstancias: cuando éstas vivan en situaciones de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. La modificación eliminaría tal excepción.

El Instituto Andaluz de la Mujer señala que la ley vigente ha cumplido su objetivo" de reducir el número de embarazos no deseados y de abortos, hasta lograr que en 2013 España registre la menor tasa de aborto en siete años.

 
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