La Diputación de Álava aplazó deudas fiscales millonarias incumpliendo su normativa

Vitoria

Aplazamientos de deudas sin justificar, intereses por debajo de lo que establece la ley, fraccionamientos de deudas fiscales que no cumplen la normativa… La lista de anomalías que el Tribunal Vasco de Cuentas ha hallado en la gestión de la Hacienda alavesa durante 2012 es larga. Según la última auditoría de este organismo, las decisiones adoptadas a favor de empresas alavesas afectan a decenas de millones de euros de deudas . La Diputación se escuda en “circunstancias excepcionales” para aplicar normativas extraordinarias, que no están justificadas según los auditores.

En ese informe, el Tribunal de Cuentas se fija en un aplazamiento dudoso de deudas tributarias de entre 4 y 8 años a favor de 23 empresas por un importe de 13,7 millones de euros, además de otros 7,1 millones de euros, "a un tipo de interés del 1% no reflejado en la normativa, y sin exigencia de ningún tipo de garantía”.

La Diputación de Álava se ampara en unas excepciones normativas para las empresas que pasan por una situación económica complicada que puede afectar a su viabilidad o a los puestos de trabajo. Sin embargo, tras revisar los expedientes, el Tribunal de Cuentas dice que no ha podido acreditar “tales circunstancias”. El PP sostiene que son empresas afectadas por la devolución de las vacaciones fiscales decretada por las instituciones europeas y que, por tanto, esas empresas pueden acogerse al decreto excepcional de urgencia fiscal.

El tirón de oreja del Tribunal de Cuentas a la Diputación no termina ahí. Otros cuatro grandes deudores de la Diputación consiguieron fraccionar entre 3 y 5 años los 10 millones de euros que debían a las arcas públicas. La Diputación también ha concedido una prórroga de un año a otros tres deudores para que paguen 7 millones de euros, “superando en ambos casos el plazo máximo establecido en la norma reguladora”. Según la Diputación, la normativa general no es aplicable en “circunstancias excepcionales o de interés público”. De nuevo aparece, en este caso, una empresa afectada por el caso de las vacaciones fiscales, y otra que -según la Diputación- únicamente cuenta "con un inmueble como activo y carece de actividad".

Y más. Se han resuelto con seis meses de retraso, quince solicitudes de aplazamiento de deudas por un total 3,3 millones de euros, “incumpliendo de esta manera lo establecido en el artículo 100 de la normativa fiscal”. La Diputación vuelve a sostener que son empresas afectadas por las vacaciones fiscales.

Además, el Tribunal de Cuentas censura que la garantía del fraccionamiento concedido a una empresa no cubre la totalidad de la deuda que asciende a 5 millones de euros.