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Tribunales | Actualidad
CASO ERE

El Consejo de Gobierno de la Junta tenía el conocimiento del presunto fraude de los ERE, según los peritos

La declaración sigue mañana a las 10

(EFE)

Sevilla

El Consejo de Gobierno de la Junta tenía conocimiento del supuesto fraude de los ERE, según han dicho los peritos que han elaborado el informe que servirá de base a las acusaciones, y según han contado los abogados que han estado presentes en el interrogatorio.

"¿Tenían conocimiento las altas jerarquías de la ausencia de regulación de las ayudas sociolaborales y del uso inadecuado de las transferencias de financiación?", ha preguntado Alaya a los peritos. Y ellos han respondido que tenían conocimiento la Intervención general, el consejero de Hacienda, el 'consejillo' (la reunión de viceconsejeros que preparaba el Consejo de Gobierno y que dirigía el consejero de Presidencia), el consejo de Gobierno, el consejero de Empleo y el consejero de Innovación, han respondido los cuatro peritos a esa pregunta. Y han dado tres razones por las que debían tener ese conocimiento: La primera; en el 2004 la Intervención general de la Junta, según estos peritos, manifestó que no se podía usar ni siquiera el concepto de transferencias de financiación para pagar estas ayudas que se investigan, sino que había que usar el concepto "crédito para la concesión de subvenciones". La segunda; en ninguno de los planes de control financiero que aprueba el Consejo de Gobierno se aprobó una regulación para este tipo de ayudas. Y la tercera; a los 'consejillos' llegaron dos anteproyectos para regular la concesión de las ayudas enviados desde la Dirección general de Trabajo en tiempos de Javier Guerrero y ninguno se pasó al Consejo de Gobierno.

Estos peritos han calificado de "fraudulento" en el sentido literal del término; es decir, engañoso y falaz, el sistema de concepción y pago de las subvenciones que crearon, según ellos, la consejería de Empleo de la Junta, la de Economía, y la Agencia pública IDEA.

La declaración sigue mañana a las 10,

Los cuatro peritos judiciales que elaboraron hace más de un año la “prueba clave" para las acusaciones en el caso de los ERE han ratificado esta mañana su informe de 8200 folios y han dicho que se oponen al elaborado por la defensa del ex presidente y ex consejero de Economía, José Antonio Griñán. El informe determina que los consejeros de Economía de la Junta de Andalucía desde el año 2000 “no adoptaron las medidas necesarias" para evitar las irregularidades, ni tampoco dieron cuenta al consejo de Gobierno de los informes de la intervención general de la Junta, donde se decía que el procedimiento de pago de los ERE era inadecuado. La pericial sostiene que la fórmula con que se abonaron las ayudas -la transferencia de dinero de la consejería de Empleo a la de Innovación- era inadecuado e improcedente para pagar subvenciones.

Los peritos explican que para tramitar un expediente de subvención conforme a la Ley hay que publicar unas bases reguladoras, hay que hacer una convocatoria pública, recibir las solicitudes y comprobar que los beneficiarios cumplen los requisitos. Por último, hay que ubicar una resolución motivada de esa concesión. En definitiva, “aplicar al otorgamiento de subvenciones los principios legales de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad e igualdad", según recuerdan estos peritos judiciales en su informe. Nada de eso hizo la Junta en ninguna de las ayudas que concedió en base a la partida 31L, la partida con la que la consejería de Empleo pagaba las subvenciones a través de la agencia Idea.

Este documento sostiene que el Parlamento de Andalucía, al aprobar la partida de transferencia de financiación "actuó con respeto a la legalidad vigente. El parlamento no aprobó un crédito para otorgar subvenciones socio laborales, sino para cubrir pérdidas del IFA, cuando el presupuesto del IFA reflejaba pérdidas que debían cubrirse con esas transferencias.

Dentro de la Sala donde se está celebrando la declaración se encuentran los dos fiscales anticorrupción de caso de los ERE y una treintena de abogados. Está previsto que el interrogatorio se prolongue durante varios días.

 
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