"Salut veta la atención a inmigrantes embarazadas y menores"

Barcelona

En 15 meses la Plataforma para una Atención Sanitaria Universal (PASUCAT) ha documentado un centenar de casos de extranjeros que, o fueron rechazados por la sanidad pública o fueron atendidos pero luego les pasaron la factura. La Cadena SER en Cataluña ha podido conocer algunos de estos casos de presunta negligencia.

Un estudiante sudamericano operado de urgencia de apendicitis y que luego se encontró una factura de 4.000 euros o un bebé africano de 5 meses enfermo, tratado a cambio de más de 200 euros. Son sólo dos ejemplos diferentes que han puesto sobre la mesa profesionales médicos que reniegan de las instrucciones que, según ellos, ha dado el Departament de Salut. Sanitarios como Estefanía, médico alergóloga: "Se ve que un bebé es un bebé. ¡Es una cosita pequeñita que llora mucho! ¿Quieres decir que hay una identificación para comprobar que este niño, que su madre lleva en brazos al Hospital para que lo atiendan, tiene 5 meses de edad? Pues a esta criatura la atendieron, pero al cabo de 15 días su madre recibió una factura de 243 euros por una atención a urgencias y una radiografía".

La plataforma (PASUCAT) que reúne a los profesionales sanitarios "desobedientes" ha recogido este centenar de casos, pero sus responsables dicen que sólo son la punta del iceberg. Aseguran que hay muchos más que nunca conoceremos porque los inmigrantes afectados no los denuncian por miedo. Temen contraer una deuda estratosférica con la administración y que ello suponga un problema futuro para regularizar su situación o renovar los permisos.

Para paliar estas injusticias, en Cataluña existe una red sanitaria paralela de médicos, profesionales que no siguen las indicaciones del CATSALUT y atienden dentro o fuera de sus consultas a inmigrantes que, de no ser por esta alternativa, tendrían vetada la atención sanitaria gratuita.

En la mayoría de casos, acompañan a los enfermos en urgencias y no se mueven de allí hasta que se aseguran de que los atienden gratuitamente. Iko, médico pediatra, es uno de los integrantes de este movimiento. "Acompañamos a las personas que han sido excluidas y conseguimos que les reconozcan un derecho que tienen: que las atiendan de urgencias. Los médicos no deben desobedecer. En realidad sólo deben obedecer la ley y atender, que es lo que nos dice el código deontológico”. Según asegura, en muchos casos, incluso, su mediación sirve para que el sistema sanitario termine anulando las facturas que habían recibido los inmigrantes.

A pesar de las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad, en Cataluña los extranjeros tienen garantizada la cobertura sanitaria siempre que puedan demostrar que están empadronados. Y si no pueden demostrarlo, pueden recurrir a la atención al servicio de urgencias. Pero estos profesionales denuncian que este derecho está vulnerando de forma flagrante la mayoría de Hospitales. Según Iko, "Hay muchas personas que tienen derecho a una atención a urgencias, garantizada por ley, pero cuando han ido les han emitido una factura. O aún más grave: en algunos casos les han dicho que si no pagan, no entran. Han negado la atención urgente a menores de edad y embarazadas. Y esto ha ocurrido en el Hospital Sant Pau, en San Juan de Dios y en el Hospital del Mar", asegura.

En marzo esta red de médicos y profesionales sanitarios desobedientes tienen prevista una reunión con el Conseller de Salut para exponerle estos casos de supuesta negligencia. Paralelamente han iniciado una ronda de contactos con los partidos políticos para pedir que incluyan en sus programas electorales la garantía de una atención sanitaria universal en todo el territorio catalán.